Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El consejero Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha defendido este lunes que el sector privado y los bancos son necesarios para resolver la emergencia habitacional en el archipiélago.
Rodríguez ha hecho estas declaraciones a los medios durante la inauguración del I Congreso de Vivienda en Canarias y ante las críticas del colectivo social Derecho al Techo de que en el evento participen entidades bancarias como Caixabank o constructoras como Satocan o Acosta Matos.
En esta línea ha destacado que los «fondos públicos llegan a donde no llega o donde el sector privado no puede dar respuesta» por lo que el programa contará también con administraciones públicas, universidades, expertos y asociaciones que «buscan dar respuesta a las personas sin hogar».
«La respuesta no va a venir exclusivamente de la banca ni del sector privado pero tampoco es exclusivamente del sector público» ya que «debe ser una respuesta colectiva y eso es lo que busca este congreso», ha manifestado.
Sobre si el Gobierno da por perdidas para el alquiler tradicional las 70.000 viviendas que se han pasado al vacacional en los últimos dos años, el consejero ha explicado que ya están en marcha dos medidas para recuperar parte de estas viviendas, que se han destinado a otros sectores «por mayor seguridad jurídica o por mayor rentabilidad» .
Por un lado, ha subrayado que el Gobierno de Canarias apuesta por «regular el alquiler vacacional, que ya se ha hecho con una ley que ha aprobado recientemente en el Parlamento de Canarias y que limita el número de viviendas vacacionales en cada uno de los municipios hasta un máximo de un 10 %».
Por otro lado, ha señalado que la segunda medida consiste en «ser lo suficientemente capaces de seducir al sector y al propietario de la vivienda que vuelva al mercado de alquiler».
En este sentido, ha detallado que «la mayoría del parque de vivienda privado de Canarias está en manos de pequeños propietarios, no de grandes tenedores» por lo que el propósito es «darles seguridad jurídica a esos propietarios para que vuelvan a poner sus viviendas en el mercado».
Para este fin, ha dicho, se han incluido en el presupuesto «deducciones fiscales para que en su declaración de la renta se puedan deducir hasta 1.200 euros» y se están «explorando nuevas funciones fiscales» para que «las viviendas que se han ido del alquiler tradicional vuelvan».
A su juicio, esta mediad es necesaria «porque la alternativa, que se les prohíba el alquiler vacacional, es que las puedan dejar cerradas» y para que una vivienda esté cerrada «mejor que esté en manos de una familia que la necesita».
Rodríguez ha indicado que se trata del «principal problema de las canarias y los canarios, de las familias, que no solo afecta a los más vulnerables o a los más jóvenes que nos afecta al conjunto de la población de manera transversal».
Y ha asegurado que es una «prioridad» para el Gobierno canario, que ha movilizado «más herramientas e instrumentos que nunca antes en la historia» y que «en el presupuesto para el año próximo supera los 200 millones de euros».
El consejero ha indicado que en construcción de vivienda pública se han destinado más de 300 millones de euros en estos dos años, que van a permitir «incrementar el parque público de vivienda» siguiendo un camino que «no es sencillo», porque «la respuesta a la emergencia habitacional no es a través de un milagro y tampoco a través de una medida que sea de hoy para mañana» ya que es «un problema estructural y que requiere medidas que se consoliden en el tiempo». EFE
