Foto de archivo del casco histórico de La LAguna (Tenerife). EFE

El Ayuntamiento de La Laguna paraliza la concesión de licencias de alquiler vacacional

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) ha aprobado este martes una moratoria técnica al alquiler vacacional debido a que la Ley canaria en este ámbito dispone que se incluya expresamente el uso turístico de las viviendas en el Plan General de Ordenación, y el municipal no lo recoge.

La propuesta ha sido aprobada tras el debate de una moción a tal efecto presentada por Drago Verdes Canarias que fue ratificada con el voto a favor de todos los grupos políticos representados en la corporación municipal, a excepción de Vox.

De esta forma se establece de manera «efectiva e inminente» la prohibición de conceder licencias de alquiler vacacional en La Laguna, al menos hasta que se modifique el PGO, ha informado Drago Verdes Canarias en una nota.

Además, se encomendará a los servicios jurídicos del Ayuntamiento la elaboración del Plan de Comprobación y Control previsto en la Disposición Adicional Segunda de la citada Ley.

Durante la defensa de la moción, su proponente y concejala de Drago Verdes Canarias, Carmen Peña, recalcó que “en este caso, la aprobación de la moción supone de facto una moratoria técnica al alquiler vacacional que se hace efectiva sobre la marcha”.

Además explicó que “si ahora mismo el Ayuntamiento concediera una nueva licencia estaría incurriendo en una ilegalidad al no tener una planificación urbanística que reconozca el uso turístico”, a lo que añadió que “no habrá una vivienda vacacional más en La Laguna y seguiremos trabajando para devolver las casas a la sociedad canaria”.

De hecho, ya en junio de 2024 el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó una iniciativa —también de Drago Verdes Canarias— para que el próximo Plan General de Ordenación establezca limitaciones al alquiler vacacional, por lo que ya existe un compromiso político en relación a esta cuestión.

Por otro lado, Peña señaló que desde Drago Verdes Canarias “vamos a defender que en el nuevo PGO no se recoja el uso turístico de las viviendas, o al menos, que se haga con limitaciones”, aunque señaló que “esta es una cuestión que estará en mano de los vecinos y vecinas a través de un proceso de participación ciudadana”.

Por otro lado, Peña mencionó que “la nueva Ley del Gobierno de Canarias nos parece que llega tarde y que resulta insuficiente para abordar la pérdida de las viviendas residenciales a favor del sector turístico”, pero también reconoció que “con la ley en la mano, desde el ámbito municipal hemos hecho la propuesta más ambiciosa posible para que no haya más viviendas vacacionales en La Laguna”.

La moratoria técnica se hace efectiva en base al tercer punto de los acuerdos de la moción, que establece “continuar con los trabajos de adaptación de los instrumentos de Ordenación del municipio a la nueva normativa”.

En concreto, los acuerdos aprobados por el pleno del Ayuntamiento tras las enmiendas del equipo de gobierno municipal implican que se continuarán los trabajos que se vienen desarrollando en la Gerencia de Urbanismo para dar cumplimiento a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.

Además se encomienda a los servicios jurídicos municipales la elaboración del Plan de Comprobación y Control previsto en la Disposición Adicional Segunda de la citada Ley, incorporando criterios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia administrativa, y asegurando su adecuada integración con los procedimientos municipales ya existentes.

A su vez se continuará con los trabajos de adaptación de los instrumentos de Ordenación del municipio a la nueva normativa, dentro del plazo legal establecido y en el marco de la redacción del nuevo Plan General.

Asimismo se insta al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a que la implantación del régimen de intervención administrativa previsto en la Ley se realice de manera homogénea en todo el archipiélago, y que ambas administraciones doten a los ayuntamientos de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para asegurar un cumplimiento eficaz y equitativo de la normativa. EFE