Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha pedido «lealtad institucional» al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respecto a la reubicación de menores migrantes, después de que este reprochara al ejecutivo regional que solo haya remitido 536 expedientes de 1.700.
Según los datos del Ministerio, un total de 803 menores migrantes no acompañados han sido trasladados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas en los últimos siete meses tras la reforma de la ley de extranjería y la orden del Tribunal Supremo en relación a los solicitantes de asilo.
De esas derivaciones, 395 corresponden a la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que establece el traslado de menores desde las regiones en contingencia migratoria a otras comunidades, y 408 son menores solicitantes de asilo derivados a dispositivos del Gobierno central.
La consejera Candelaria Delgado se ha sorprendido por el reproche del ministro a la tramitación de expedientes por parte de la Comunidad Autónoma, ya que en las reuniones semanales con los ministerios «va todo bien».
En la reunión de este martes se ha acordado el traslado de unos 20 chicos más desde Canarias, ha subrayado.
Por eso «no entendemos las declaraciones del ministro de Política Territorial en cuanto a los expedientes de traslado y a la no ejecución de esos traslados», ha señalado Candelaria Delgado.
La consejera ha explicado que desde el 29 de agosto, cuando en Canarias se decretó la contingencia migratoria, se han producido 521 llegadas nuevas de menores migrantes y se han resuelto 200 expedientes.
De esos 200 expedientes, 106 menores ya están en territorio peninsular y en 62 casos se está gestionando los traslados, que se harán en las próximas semanas.
«Hay 560 expedientes enviados, de los cuales solo se han resuelto 269, con lo cual, las subdelegaciones tienen expedientes suficientes para resolver», ha añadido.
Por eso «no entendemos que se cuestione a Canarias», ha dicho la consejera, quien ha exigido al Ministerio de Política Territorial que se involucre en hablar con las comunidades autónomas de destino para la creación de plazas para acoger a los menores, ya que «nos dicen que no tienen plazas y que necesitan tiempo para crearlas» y que no han recibido dinero del Estado para financiarlas.
La consejera ha reclamado a Torres «la misma lealtad institucional» que hay con los demás ministerios y trabajar para «agilizar los procesos», sin poner «piedras en el camino».
La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, ha asegurado que Canarias no solo ha sido leal con el Gobierno central, sino que está velando por el interés superior del menor y por eso son escuchados en cada paso del procedimiento, lo cual ralentiza los trámites.
Ha afirmado además que las subdelegaciones del Gobierno de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife actúan de manera distinta: en Las Palmas se frenan los expedientes de nuevas llegadas hasta tener las pruebas de determinación de la edad, mientras que en Santa Cruz el procedimiento continúa.
Además, «la Delegación del Gobierno está tardando un mes o más en emitir resoluciones que deberían resolverse en 15 días», así que «no es Canarias quien está frenando», ha asegurado Sandra Rodríguez, y ha reclamado mayor coordinación entre ministerios.
«Este es un procedimiento extraordinario e inédito y se está aplicando el procedimiento administrativo común, lo que ralentiza todo el proceso» y por tanto las salidas no se están produciendo dentro de los 15 días, previstos, a pesar de que «nosotros sí cumplimos los plazos que nos corresponden», ha afirmado.
Sandra Rodríguez ha indicado que hasta marzo unos 600 jóvenes habrán cumplido la mayoría de edad y «por lealtad institucional» se ha aceptado la petición de la Delegación del Gobierno de que no se remitan esos expedientes porque no daría tiempo a resolverlos.
También «por lealtad» no se ha trasladado a ningún menor con edad dudosa, de manera que «estamos cumpliendo incluso más de lo que nos corresponde, asumiendo costes económicos y de recursos humanos», ha enfatizado. EFE
