Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los grupos que respaldan al Gobierno de Canarias se han comprometido a tratar de buscar el consenso en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de ordenación del servicio de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma, aunque los partidos de la oposición han mostrado su escepticismo al percibir que el objetivo es someter el ente público RTVC al control y directrices del ejecutivo y de su presidente.
El ofrecimiento se ha producido durante el pleno del Parlamento en el que se han rechazado las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Nueva Canarias a este proyecto de ley.
Según el ejecutivo solo persigue ordenar y dar operatividad al servicio público de comunicación audiovisual, superando el modelo vigente, que considera inoperante y fallido después de más de diez años de bloqueo institucional en la elección de los órganos de control.
«Nuestro objetivo es aprobar esta norma con el mayor consenso posible», anunció la representante de CC Vidina Espino, y en consecuencia se estudiarán las «propuestas razonables» de la oposición y se mantendrá un «diálogo permanente» con los trabajadores del ente y con la industria audiovisual, además de considerar algunas de las objeciones del Consejo Consultivo al proyecto del Gobierno.
La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, fue la encargada de presentar el proyecto de ley ante el Parlamento, y en su intervención explicó que se trata de superar la parálisis institucional de RTVC y dar estabilidad, seguridad jurídica y plena operatividad al servicio público audiovisual.
Barreto rechazó que la decisión de que el mandato de la Junta de Control coincida con la legislatura, aunque contestada por el Consejo Consultivo y los grupos enmendantes, constituya una infracción jurídica, y negó que se autorice el cese discrecional de los miembros de la Junta de Control o del director general.
También justificó que el director general pueda asumir de manera excepcional y temporal las funciones de la Junta de Control si el Parlamento no consigue designar a sus integrantes.
La diputada del PSOE Nira Fierro calificó la normativa como «ley Clavijo», porque a su juicio el propósito es el control de RTVC por parte del presidente de Canarias a un año de las elecciones autonómicas, y reprochó al Gobierno la imposición de un modelo del que se pretende excluir a la oposición parlamentaria.
Con esta regulación se «revienta» el control parlamentario de RTVC al elegir el Gobierno al director general y otorgarle «plenos poderes» a un «comisario político» que podrá nombrar directivos «a su gusto» y gastarse lo que quiera» en una «barra libre de contratos» de hasta un millón de euros.
«Podríamos estar de acuerdo en superar la inoperancia de la ley actual», pero eso no tiene nada que ver con suprimir los consejos informativos, con vincular el mandato de la Junta de Control a cada legislatura o con tramitar la ley por el procedimiento de urgencia, denunció Fierro, quien no obstante confió en que haya margen para el acuerdo y el diálogo.
La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández calificó la norma como «un retroceso democrático» e «ilegal», porque a su juicio vulnera la Constitución al suprimir el control parlamentario de los medios de comunicación públicos y quebrar el pluralismo.
«Este proyecto nace para hacer la Radiotelevisión Canaria más cómoda al poder político, al Gobierno y a Coalición Canaria justo cuando se acerca el periodo electoral», afirmó, y para ello se concentra todo el poder en una sola persona elegida por el ejecutivo que actuará «sin contrapesos, sin control parlamentario y sin control profesional».
Según Carmen Hernández, el desbloqueo institucional no es un objetivo, sino una excusa para una ley que además deja abierta la puerta a la externalización de los informativos.
Paula Jover, de Vox, no apoyó las enmiendas a la totalidad, pero rechazó también el proyecto de ley del Gobierno de Canarias, que definió como el de la división, porque no se garantiza la pluralidad; el del despilfarro, por un presupuesto creciente, y el de las duplicidades, porque los contribuyentes pagan también los centros territoriales de RTVE.
Por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, la diputada de CC Vidina Espino insistió en la necesidad de superar el bloqueo institucional del ente, «cronificado» desde 2014, y para ello justificó la reducción de las mayorías en la designación de los órganos de control o que el mandato marco ya no sea un requisito imprescindible.
Afirmó además que «por primera vez se blinda el carácter público de los servicios informativos», pese a las dudas que sobre este aspecto pretende generar la oposición.
«Queremos dejar claro nuestro compromiso de diálogo permanente durante todo el proceso de tramitación de esta norma», garantizó Espino, un compromiso también asumido por el diputado del PP Carlos Ester y por los representantes de ASG, Melodie Mendoza y de AHI, Raúl Acosta.
Carlos Ester aseguró que esta norma es necesaria «para dar orden, estabilidad y permanencia» al ente público y pidió a la oposición que se sumen al diálogo en lugar de tratar de bloquear el proyecto de ley.
«Nuestro compromiso es dialogar, escuchar y buscar consensos para dar orden, seguridad, limpieza y transparencia a la radiotelevisión autonómica», afirmó. EFE
