Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Representantes de los funcionarios de prisiones han alertado este miércoles de la situación de las mujeres internas en el centro penitenciario de Tenerife y de la ausencia de protocolos específicos frente al acoso sexual a funcionarias, una carencia que, aseguran, se mantiene pese a la gravedad de los hechos que se producen en el interior de las prisiones.
En el caso del centro penitenciario de Tenerife hay alrededor de 70 mujeres internas, que permanecen en un espacio reducido y con condiciones que califican de inadecuadas, ha informado el portavoz de los funcionarios Ignacio Fernández en rueda de prensa.
Según ha informado, el área destinada a las internas es de dimensiones muy limitadas, lo que afecta tanto a la calidad de vida de las reclusas como al trabajo diario del personal penitenciario.
Ha denunciado además que las condiciones estructurales del centro presentan deficiencias como frío, humedades y falta de ventilación adecuada, circunstancias que afectan tanto a internas como a trabajadores.
Estas situaciones se prolongan desde hace años y reflejan, a su juicio, un abandono por parte del Gobierno central de las prisiones en Canarias.
Durante su intervención, también ha puesto el foco en la falta de protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual a funcionarias dentro de los centros penitenciarios.
Ha asegurado que conductas como exhibiciones sexuales, amenazas o comentarios de carácter sexual por parte de internos no se consideran acoso sexual en el ámbito penitenciario, pese a que fuera de prisión sí tendrían encaje penal.
Según ha explicado, muchos de estos episodios no se trasladan a la vía judicial y quedan en el ámbito interno de los centros, lo que provoca que las funcionarias afectadas no cuenten con una protección efectiva ni con mecanismos claros de actuación.
Por ello, ha exigido la puesta en marcha de un protocolo específico que garantice la denuncia, la protección de las trabajadoras y la adopción de medidas disciplinarias adecuadas.
Asimismo, ha recordado que los funcionarios de prisiones no están reconocidos como agentes de la autoridad, una circunstancia que, a su juicio, agrava la falta de protección jurídica ante agresiones y situaciones de acoso.
En definitiva, ha insistido en la necesidad de cambios normativos que refuercen la seguridad y los derechos del personal penitenciario.
El portavoz de los funcionarios de prisiones ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la sede de Coalición Canaria en la que las diputadas Cristina Valido y Vidina Espino han anunciado iniciativas legislativas que van a abordar de manera específica la situación de las mujeres internas y la protección de las funcionarias, con el fin de garantizar unas condiciones dignas y seguras en los centros penitenciarios.
Según han avanzado, Coalición Canaria va a presentar sendas proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Canarias en las que reclaman la actualización del complemento de indemnización por residencia y la ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en los centros penitenciarios de Canarias, al considerar que ambos factores constituyen problemas estructurales que afectan al funcionamiento, la seguridad y la estabilidad del sistema penitenciario en el archipiélago.
Según se expone la proposición no de ley, es precisa también una reforma integral del Centro Penitenciario Tenerife II y un sistema estable de conducciones y traslados de personas internas, que actualmente depende en gran medida de la disponibilidad de efectivos de la Guardia Civil.
Esta situación, según CC, está provocando la suspensión reiterada de traslados judiciales y de consultas médicas e intervenciones quirúrgicas.
Además, se denuncia la insuficiente dotación de personal sanitario básico en los centros penitenciarios del archipiélago, lo que impide garantizar una atención sanitaria adecuada y continuada a las personas internas.
