Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Gobierno de Canarias y representantes de los cabildos insulares han apelado este miércoles al consenso parlamentario para culminar la reforma de la Ley de Cabildos, una iniciativa que persigue adaptar la norma al Estatuto de Autonomía de 2018 y reforzar el autogobierno insular lejos de inseguridades jurídicas.
Durante la comisión de cabildos del Parlamento de Canarias, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, ha subrayado que no se trata de una reforma menor, sino de una actualización “necesaria y estratégica” que busca modernizar la gestión, clarificar competencias, fortalecer la organización política y administrativa de los cabildos y adaptar plenamente su régimen jurídico al Estatuto de 2018 y al marco básico estatal.
Así, Barreto ha señalado que la norma consolida la naturaleza jurídica dual de los cabildos y permite dar el salto a la asunción de las competencias y funciones recogidas en el Estatuto.
La consejera ha destacado que el texto refuerza la transparencia, la potestad reglamentaria, el derecho a la información y las relaciones entre la comunidad autónoma y los cabildos, además de institucionalizar la conferencia de presidentes como órgano estable de cooperación y coordinación.
Ha afirmado además que actualizar el marco jurídico de los cabildos es una responsabilidad institucional tras once años de vigencia de la ley y casi ocho desde la reforma estatutaria, y ha llamado a seguir trabajando en sede parlamentaria “desde la responsabilidad y el consenso”.
Durante la comisión, el vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha recordado que el Estatuto reconoce el carácter “bifronte” de los cabildos como entidades locales y como elementos esenciales de la organización territorial autonómica, pues aproximadamente el 70 % de las funciones que ejercen los cabildos son de titularidad autonómica.
Esto, que se realiza bien por transferencia o por atribución directa estatutaria, al hacerse en un régimen jurídico propio de la administración local «ralentiza procedimientos y limita el ejercicio efectivo de esas competencias».
En ese sentido, Ruano, que fue pontente de la reforma de 2018, ha apuntado que cuando los cabildos actúan como institución autonómica deben regirse por la legislación autonómica aprobada por el Parlamento y no por el régimen local, y ha considerado que introducir referencias adicionales a la legislación básica estatal supondría, en su opinión, desnaturalizar el propósito de la reforma.
La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, ha valorado la iniciativa como una respuesta necesaria al mandato estatutario y ha señalado que el texto actualiza el régimen jurídico insular, reconoce la doble naturaleza de los cabildos y refuerza su capacidad de autogobierno.
Ha indicado asimismo que el dictamen emitido por el Consejo Consultivo no aprecia una inconstitucionalidad estructural y que la mayoría de sus observaciones son subsanables en el trámite parlamentario.
Por su parte, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha defendido que el reconocimiento de los cabildos como instituciones de la comunidad autónoma, recogido en el Estatuto de 2018, debe tener consecuencias reales en su organización y capacidad de gestión.
De este modo, ha sostenido que el informe del Consultivo se apoya en criterios anteriores a la reforma estatutaria y ha coincidido en que sus reparos pueden corregirse mediante enmiendas, sin alterar el núcleo de la propuesta.
El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha calificado la reforma de necesaria y oportuna y ha señalado que el dictamen del Consultivo avala en términos generales su conformidad con la Constitución y el Estatuto, aunque formule ajustes técnicos.
Reyes ha defendido que el texto no debe replantearse en su conjunto, sino perfeccionarse para garantizar mayor claridad organizativa, competencial y en las relaciones con la comunidad autónoma.
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha apelado al consenso alcanzado entre las corporaciones insulares y los grupos parlamentarios y ha insistido en que la reforma se limita a adaptar la ley al carácter reconocido en el Estatuto.
Al igual que Ruano, ha destacado además la clarificación del régimen jurídico cuando los cabildos actúan como institución autonómica, el refuerzo de mecanismos de cooperación con financiación adecuada y la consolidación de la conferencia de presidentes como espacio estable de coordinación. EFE
