Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La presidenta de Unicef en Canarias, Rosa Suárez, ha calificado este martes de «muy preocupante» la magnitud de la pobreza infantil en las islas, donde las políticas en este ámbito no están siendo eficaces y no se ha puesto en marcha el complemento a la infancia previsto en las prestaciones.
Rosa Suárez ha expuesto este martes la impresión de Unicef en las islas sobre esta materia en su intervención, como primera compareciente, en la comisión de estudio sobre la pobreza infantil del Parlamento de Canarias, en la que se ha pedido que haga una evaluación y seguimiento continuo de cómo impactan las políticas en este ámbito.
Ha indicado que casi el 80 por ciento de las familias que perciben el ingreso mínimo vital podrían tener derecho al complemento a la infancia, pero se encuentran con el grave problema de la dificultad digital para acceder a los servicios, una situación que habría que solucionar «de modo inmediato», pues afecta a personas que no pueden acceder a prestaciones a las que tendrían derecho.
«La pobreza tiene solución», ha enfatizado también la presidenta de Unicef, quien no obstante ha advertido de que las políticas públicas puestas en marcha repercuten en la exclusión de la población adulta, pero no en la infantil, en la que no «han permeado» dichas iniciativas.
Para erradicar de forma sostenible la pobreza infantil se requieren políticas que no atiendan únicamente a las carencias monetarias, sino a las barreras de tipo educativo, social, de vivienda y mercado laboral, soluciones que impliquen una transformación de forma duradera porque el impacto de las carencias «se arrastra para la vida futura», ha indicado.
Al respecto, ha avisado de los niveles persistentemente altos y crecientes de la privación que sufren los menores que viven en viviendas precarias, con falta de acceso a la electricidad y otros servicios básicos y están expuestos a desalojos forzosos.
Rosa Suárez ha detallado cifras que demuestran que esta situación sigue siendo un reto en Canarias, como los datos del informe Arope que apuntan a que el 41 por ciento (uno de cada cuatro niños) está en riesgo de pobreza y exclusión social, esto es, 132.646 menores y adolescentes en las islas.
El 28,3 por ciento de ellos está además en riesgo de pobreza monetaria y este indicador ha descendido significativamente respecto a años anteriores, pues se ha revertido una cifra que llegó al 43 por ciento en 2023, ha añadido la presidenta de Unicef en Canarias.
Al respecto, ha considerado que, aunque este dato es positivo, aún implica que hay 91.335 menores en pobreza monetaria.
Ha apuntado también que la reducción «drástica» de este indicador probablemente se debe al ingreso mínimo vital, por lo que se podría reducir aún más si las familias perceptoras de ayudas con menores a su cargo percibiesen el complemento a la infancia.
Asimismo, ha sugerido Rosa Suárez la posibilidad de instaurar una prestación universal progresiva a las familias.
Además en situación de carencia material y social severa ha 38.406 menores, un 11,9 por ciento, esto es, niños y niñas cuyas familias no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado dos días a la semana y por lo tanto, equivale a que 26.142 niños no ingieren las proteínas necesarias para un adecuado crecimiento físico y cognitivo.
En hogares «con baja intensidad de trabajo» hay 26.464 niños (8,2 por ciento) y la representante de Unicef ha alertado sobre el hecho de que esta situación también afectará a los menores en su vida adulta con menos oportunidades para su futuro laboral y trabajos más precarios. EFE
