El consejero de Obras Públicas y Vivienda del Ejecutivo canario, Pablo Rodríguez (2i), informa sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno acompañado por los titulares de Política Territorial, Manuel Miranda (i); y Bienestar Social, Candelaria Delgado (d), y el portavoz, Alfonso Cabello (2d). EFE/Ángel Medina G.

El Gobierno canario elimina el sorteo para adjudicar viviendas de alquiler social y exigirá arraigo

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el nuevo decreto que regula la inscripción y adjudicación de viviendas protegidas, elimina el sistema de sorteo, establece la baremación para la asignación e incorpora el arraigo como requisito para ser demandante de vivienda pública.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, ha informado en rueda de prensa del contenido del nuevo decreto que espera que se publique este martes en el Boletín Oficial de Canarias y que ha calificado de «más justo y transparente».

Rodríguez ha explicado que el nuevo sistema de baremación es más «objetivo» para la adjudicación de las viviendas al estar vinculado a la situación económica, social y personal de las personas solicitantes.

Ha asegurado que con este decreto se refuerzan los principios de «equidad, transparencia y seguridad jurídica» para que las viviendas se adjudiquen conforme a parámetros verificables y ajustados a la realidad de cada unidad de convivencia.

Rodríguez ha destacado que el decreto incorpora un registro más sencillo para ser demandante de vivienda, que se podrá efectuar a través de internet y con una declaración responsable.

Además, ha explicado que, como ya se había adelantado, incorpora el requisito de arraigo para ser beneficiario, 12 años como mínimo de residencia continua o 15 años si es discontinua.

Otra de sus novedades son los nuevos cupos de reserva para personas protegidas en las promociones de viviendas, que se incrementan del 5 al 20 % en el caso de los jóvenes de hasta 35 años; del 10 al 15 %, en los mayores 65 años; del 10 % para personas con limitaciones funcionales; del 8 % para las víctimas de violencia machista, y del 1 % para migrantes que retornen a las islas.

El decreto también modifica el régimen de obligaciones, de manera que establece el uso obligatorio y domicilio habitual permanente y una gestión responsable de la vivienda para proteger el parque público.

Asimismo, regula el régimen de adjudicación de plazas de garaje, entre sus novedades, e incorpora por primera vez otros modelos constructivos como la vivienda prefabricada o modular, que será la «única alternativa del futuro para construir mejor y más», ha afirmado Rodríguez.

El consejero ha señalado también que se ha dado respuesta a la petición del Consejo Consultivo de Canarias en relación al arraigo, por lo que se ha justificado de manera debida la incorporación de este nuevo criterio. EFE