Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Representantes de la Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca) han denunciado en el Parlamento regional que la proposición de ley de autoridad del profesorado es «unilateral», duplica normativa vigente y olvida los deberes de los docentes, por lo que han instado a reconvertirla en una ley de convivencia escolar que integre a toda la comunidad educativa, en lugar de dividirla y situarla en bandos.
La idea que está generando en parte de la comunidad educativa esta proposición de ley es que «van a darle una pistola al profesor», esa es «la dinámica social que se está produciendo», han advertido, aunque han aclarado que ellos consideran que esa no es la intención.
Daniel Rodríguez Gallart y Javier Lechado Hernández han hecho estas consideraciones en una comparecencia en la Comisión de Educación del Parlamento, que tramita esta proposición de ley promovida por los partidos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASH y AHI) y en la que se dota al colectivo docente de presunción de veracidad y de respaldo legal y psicológico en caso de conflictos en las aulas.
Los portavoces estudiantiles han coincidido en que el profesorado merece respaldo y reconocimiento, pero han advertido de que la autoridad moral y social no se decreta mediante una norma que, en todo caso, duplica normativa ya vigente.
Han criticado que la proposición de ley aborda la convivencia en las aulas desde una perspectiva unilateral, al otorgar derechos y potestades a los docentes sin establecer de forma explícita sus deberes y responsabilidades y sin contar con el resto de la comunidad educativa.
Han recordado que la conflictividad escolar está directamente ligada a la vulnerabilidad social y pobreza, así que no basta con declarar la autoridad del profesorado si no se generan las condiciones sociales necesarias.
También se han opuesto a tramitar una ley que no contiene una visión integral de la comunidad educativa, una parte de la cual percibe esta norma más como privilegio que como convivencia, puesto que no se incluyen deberes hacia los docentes, solo autoridad y derechos, han dicho.
Los representantes estudiantiles han insistido en que el profesorado necesita respaldo, pero han alertado de que otorgar una autoridad formal sin el apoyo de las familias puede generar efectos contrarios en las aulas.
Frente a este modelo, Udeca ha propuesto aprovechar la iniciativa legislativa para redactar una ley de convivencia y participación, tomando como ejemplo marcos normativos de otras comunidades como Galicia.
También han reclamado el cumplimiento legal de invertir el 5 % del PIB en educación para dotar de más medios al profesorado y han defendido abordar la convivencia desde una óptica preventiva y promocionando las comisiones de mediación para la resolución de conflictos, en lugar de aplicar una lógica reactiva con medidas como la asistencia jurídica y psicológica. EFE
