Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Una familia de siete personas, entre ellas cuatro menores, ha sido desahuciada este miércoles de la vivienda de Las Palmas de Gran Canaria donde residía desde febrero 2020, aunque sin poder pagar el alquiler desde que los adultos perdieron el empleo con la pandemia de covid-19.
Mientras recogía los enseres prioritarios, los afectados se han confesado «destrozados» porque no saben dónde pasar la noche ni dónde guardar sus pertenencias, ya que carecen de familiares en la isla.
Así lo ha trasladado a los medios en nombre de la familia el portavoz de Derecho al Techo, Jonathan Mesa, que ha tratado de negociar una prórroga de unos días hasta que la familia pueda mudarse a la vivienda de alquiler asequible que ya tienen concedida.
«Hemos propuesto que paralicen el desahucio por un mes, que es el tiempo que la familia necesita para poder entrar a vivir en su nueva vivienda», ha detallado Mesa, pero la respuesta ha sido un «no» sin negociación por parte de los representantes del propietario.
Derecho al Techo ha subrayado que han «apelado a un mínimo de humanidad», pero no ha sido posible, por lo que la familia desahuciada está «aún asumiendo lo que ha pasado».
Esta plataforma reclama que «no se deben de producir desahucios sin alternativa habitacional», porque estas circunstancias «son muy duras para las familias».
La mujer afectada por el desahucio convive en esta vivienda en la calle Montevideo de Las Palmas de Gran Canaria con su pareja y sus cinco hijos, de entre tres y 18 años, que alquiló en febrero de 2020 y pagó durante tres meses.
Ella perdió su trabajo en un hotel con la llegada de la pandemia de la covid-19 y el cierre turístico, momento desde el que atraviesan dificultades económicas al no tener estabilidad laboral.
«Tenemos toda la documentación presentada y estoy a la espera solamente de que (la empresa pública autonómica) Visocan ejecute la firma de contrato y la entrega de las llaves», ha señalado, en referencia a la vivienda de alquiler asequible que les han concedido.
«Solamente pido un mes», asegura, «porque es un tema de burocrático, administrativo, que se dilata».
La mujer, que ha preferido identificarse con el nombre ficticio de María, insiste en que quería salir de la casa «como tiene que ser», porque tiene niños a cargo «que no deben de pagar las injusticias del mercado a día de hoy en Canarias y en España».
«La situación que me afecta a mí, ya no es solo cosa de las familias vulnerables, sino que es algo general porque hasta dos personas que estén trabajando con el salario mínimo están al borde del abismo y ya no es posible encontrar vivienda», ha añadido.
Ella sostiene que «los propietarios no quieren menores, piden avales y tres mensualidades», algo que no puede afrontar, a pesar de que ha estado «buscando, trabajando y luchando día tras día».
María ha pedido hablar con el propietario para llegar a un acuerdo económico y explicarle la situación, pero no se lo han permitido.
«Yo no me opongo a pagar», asegura, «algo acorde a mis ingresos porque estoy percibiendo una pensión de la Seguridad Social con ingresos suficientes equivalentes al salario mínimo interprofesional» pero «no puedo abonar un alquiler de vivienda».
La vivienda que le han asignado es en otro municipio y «hay que amueblarla», que es a lo tenía previsto destinar sus ahorros. «Para este mes he estado buscando hasta el día de ayer un alquiler y el único que he encontrado ha sido 1.500 euros», se ha lamentado.
El portavoz de Derecho al Techo ha avanzado que «se van a producir más desahucios porque el escudo social no está funcionando» y «las medidas que se deberían haber tomado hace años no se están tomando».
Esta plataforma reclama iniciativas como la puesta en marcha de inmobiliarias públicas, controles del mercado y un mayor acceso a vivienda pública.
Su portavoz, Jonathan Mesa ha hecho «un llamamiento a la ciudadanía a organizarse y defender los derechos de la vivienda» porque hoy «es esta familia que está destrozada». EFE
