Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) ha expresado su preocupación por la situación de vulnerabilidad de siete marinos del buque United S, interceptado en enero con un cargamento de cocaína, y que no tienen alojamiento confirmado a partir del 23 de marzo.
La ITF ha señalado este lunes en un comunicado que el caso está siendo instruido por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y de los trece tripulantes que se encontraban a bordo del buque, seis permanecen en prisión preventiva.
Mientras tanto estos marineros, que son siete ciudadanos indios, se encuentran en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la retirada de pasaportes, la obligación de comparecer semanalmente ante un juzgado de Tenerife y la prohibición de abandonar el territorio español.
Según la información recabada durante la visita al buque realizada por Gonzalo Galán, inspector de la ITF en Canarias, los marinos fueron contratados por la empresa turca Sea Dream Shipping LT y abonaron 6.000 dólares estadounidenses cada uno para poder embarcar, siguiendo instrucciones de intermediarios de contratación en India.
Los tripulantes indican que durante su periodo de trabajo no recibieron los salarios acordados en sus contratos y posteriormente el buque cambió de propiedad el 16 de octubre de 2025 a la empresa Capo Maritime CO S.A., registrada en Honduras.
Tras este cambio, parte de la tripulación abandonó el buque mientras los marinos indios permanecieron a bordo con la falsa promesa de recibir sus salarios adeudados, añade la ITF.
Según sus testimonios, tras cargar sal en el puerto de Fortaleza (Brasil), el buque fue abordado en alta mar por dos hombres armados, quienes presuntamente obligaron a la tripulación a participar en la carga de la droga.
De acuerdo con la información de la ITF, el caso presenta varios indicadores asociados internacionalmente a situaciones de posible trata de seres humanos con fines de explotación laboral y trabajo forzoso, entre ellos el pago para acceder al empleo, el impago de salarios durante el periodo de contratación, la retención de medios de comunicación y la presunta coacción armada en alta mar.
Tras su puesta en libertad provisional en Tenerife, los marinos pasaron inicialmente dos noches sin alojamiento hasta que la organización Stella Maris les ofreció apoyo temporal.
Posteriormente, se autorizó de forma provisional su permanencia en el buque incautado pero técnicos de Capitanía Marítima y de la Autoridad Portuaria determinaron que la embarcación no reunía condiciones mínimas de habitabilidad debido a fallos en los generadores y a una inundación en la sala de máquinas, por lo que el buque tuvo que ser desalojado el pasado viernes 6 de marzo.
Tras este desalojo, los tripulantes han podido ser alojados en la hospedería de la Casa del Mar de Tenerife, donde permanecerán de manera temporal hasta el 23 de marzo.
Actualmente, tanto los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como la Autoridad Portuaria y miembros de la Comisión de Bienestar del Puerto de la capital están trabajando para encontrar una solución habitacional a más largo plazo.
No obstante, por el momento no existe aún una alternativa de alojamiento confirmada a partir de esa fecha, ha añadido la ITF, que ha precisado que los marinos permanecen en Tenerife a la espera de la evolución del procedimiento judicial, sin ingresos y con movilidad limitada por las medidas cautelares vigentes.
La ITF continúa realizando seguimiento del caso desde el punto de vista laboral y humanitario y ha puesto la situación en conocimiento de la Dirección General de la Marina Mercante, Instituto Social de la Marina, Gobierno de Canarias, Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima del puerto de Tenerife y autoridades marítimas en la India, Emajada India en España.
Luz Baz, coordinadora de ITF, declaró: “La situación de estos marinos no es solo un caso de abandono, sino un reflejo del limbo jurídico y la vulnerabilidad en la que quedan muchos trabajadores del mar. Son marinos extranjeros forzados a trabajar en un barco para fines ilícitos que, al llegar a tierra, quedan a la espera de juicio en un país extranjero, sin poder regresar a su país, sin medios para subsistir y sin permiso para trabajar, quedando a la deriva y a la merced de la beneficencia”.
“Estos casos, cada vez más frecuentes debido a la posición geográfica estratégica de España para las redes criminales, serán propuestos para su análisis por Stella Maris y la ITF en el Comité Nacional de Bienestar, con el objetivo de buscar soluciones y coordinar respuestas”, añadió. EFE
