Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Desde agosto de 2023, en torno a 1.500 menores llegados a Canarias han solicitado asilo, de los cuales cerca del 70 % procede de Mali, el 22 % tiene menos de 16 años y el 9 % son niñas, ha informado este lunes la responsable de la Unidad de Protección de Acnur España, Marta García.
Según los datos facilitados por García, las autoridades españolas han concedido protección internacional al 65 % de los 700 casos resueltos. Además, en 2025, las solicitudes de asilo de menores no acompañados ascendieron a 947, principalmente de niños y niñas de países de África occidental que llegaron a las distintas islas del archipiélago canario.
La responsable de Protección de Acnur ha expuesto estas cifras durante las jornadas ‘Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo: impacto, desafíos y oportunidades’, celebradas en Casa África, y en las que representantes de Acnur, el Consejo Europeo de Refugiados, la Policía Nacional y organizaciones como CEAR y Oxfam han analizado las repercusiones para Canarias de la entrada en vigor, el próximo 12 de junio, de esta legislación, que refuerza el principio de contención en frontera.
La responsable de Acnur ha subrayado que el nuevo pacto, compuesto por diez instrumentos legales –nueve reglamentos y una directiva–, es un marco con un «índice de complejidad altísimo», aunque ha defendido que, bien aplicado y con un enfoque de derechos humanos, puede suponer un avance al permitir un sistema europeo de asilo común, en lugar de los 27 modelos distintos que existen actualmente.
Desde la perspectiva de Acnur, uno de los elementos positivos del pacto es que prioriza la identificación temprana de vulnerabilidades, visibles y no visibles, desde la llegada de las personas migrantes, incluidos los menores, y a lo largo de todo el procedimiento, siempre bajo el principio del interés superior del menor.
No obstante, García ha advertido de que el sistema «no es perfecto» y presenta riesgos si los Estados miembros optan por una aplicación centrada más en el control migratorio que en identificar las vunerabilidades de cara a la protección internacional.
«Canarias va a ser un lugar donde es probable que sigan llegando personas en necesidad de protección internacional, como hemos visto en estos últimos años», ha afirmado al recordar que la violencia de género no protegida por las autoridades de los países de origen, activistas, mujeres que quieren proteger a sus hijas de la mutilación genital femenina, albinos o por opiniones políticas, son situaciones que requieren de protección.
Designación de un representante legal
Durante el mismo panel, titulado ‘El nuevo pacto: retos de derechos humanos en Canarias’, la abogada especializada en infancia y migraciones, Patricia Hernández, ha recordado que los niños y niñas se encuentran en situación de regularidad administrativa, lo que determina, entre otras cuestiones, la inaplicabilidad de los procedimientos de retorno, salvo en el caso de los que llegan acompañados de sus familias.
Hernández ha destacado que, dentro de las garantías procedimentales que recoge el pacto de asilo europeo, figura la designación de un representante legal provisional desde el primer momento en que un menor manifiesta serlo o las autoridades detectan indicios de minoría de edad.
«Creo que esto es una buena noticia porque es algo en lo que en España estamos fallando», ha aseverado.
La abogada ha subrayado que este representante debe ser una persona física, sin conflicto de intereses, con formación específica en infancia, protección internacional y migraciones, así como capacidades en comunicación intercultural y psicología del testimonio, y ha advertido de que no puede asumir simultáneamente la tutela de más de 30 menores.
Hernández también se ha detenido en la determinación de la edad, uno de los puntos más problemáticos del sistema actual, y ha subrayado que este procedimiento debe de tener un carácter holístico y psicosocial, y no limitarse exclusivamente a pruebas médicas.
Asegurar la interpretación
Por su parte, la jurista del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), Marie Trapet, ha indicado que la legislación de la Unión Europea no exige ninguna fórmula específica para realizar una solicitud de protección internacional y que su formación puede ser tanto expresa como sutil.
También ha llamado la atención sobre la necesidad de reforzar la asistencia letrada y el asesoramiento jurídico gratuito desde las fases iniciales del procedimiento, así como de asegurar servicios adecuados de interpretación, un aspecto que, según Trapet, presenta carencias en Canarias.
En relación con los procedimientos de frontera, la jurista ha recordado que la denominada «ficción jurídica de no entrada» no significa que la persona no esté en territorio español, sino que no se le ha autorizado formalmente la entrada, y ha recalcado que su aplicación no puede impedir el acceso al asilo ni prolongarse más allá de los plazos máximos previstos.
Por último, Trapet se ha referido al mecanismo de solidaridad de la Unión Europea y ha señalado que España ha sido identificada por la Comisión Europea como uno de los países sometidos a presión migratoria, lo que podría dar acceso a ayudas del resto de Estados miembros, previsiblemente en forma de contribuciones financieras más que de reubicaciones de solicitantes. EFE
