Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha advertido este jueves de «cuellos de botella” en la tramitación de la regularización extraordinaria de personas migrantes, especialmente en la obtención del certificado de vulnerabilidad.
Según ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, el acceso a la información es “uno de los grandes retos” del proceso, junto a las dificultades en la obtención de determinados documentos, y ha apuntado que, aunque inicialmente se preveía que el certificado de antecedentes penales podría ser el principal obstáculo, en la práctica el mayor problema está siendo el certificado de vulnerabilidad.
“Es el documento que está en boga y donde está el ‘quid’ de la cuestión”, ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que no todas las personas solicitantes necesitan presentarlo, como es el caso de solicitantes de asilo, personas con empleo o con oferta laboral, o quienes forman parte de unidades familiares con menores o personas dependientes a su cargo.
Ha comentado que actualmente “la mayoría” de las personas que acuden a las entidades cuentan ya con la documentación necesaria y conocimiento del proceso, pero encuentran dificultades precisamente en la obtención de ese certificado.
Respecto a las entidades habilitadas para emitirlo, ha detallado que pueden hacerlo tanto organizaciones inscritas como colaboradoras en el registro estatal como los servicios sociales que operan en los territorios, donde los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental.
En cuanto al volumen de personas potencialmente beneficiarias, Lorenzo ha señalado que las estimaciones sitúan entre 30.000 y 45.000 las personas en Canarias, mientras que a nivel estatal podrían oscilar entre 500.000 y 840.000, aunque ha advertido de la dificultad de precisar cifras debido a la falta de registros completos.
Sobre la respuesta de las entidades, ha asegurado que están recibiendo “muchísimas solicitudes”, tanto de forma presencial como telemática, y ha apelado a gestionar el proceso “con racionalidad” para evitar la saturación, dado que el plazo se prolongará durante varios meses.
Finalmente, ha subrayado la importancia de reforzar la coordinación entre administraciones y organizaciones sociales para mejorar la eficiencia del sistema y garantizar que ninguna persona que pueda acogerse al proceso de regularización quede fuera por falta de información o recursos.
Canarias denuncia falta de coordinación del Estado en la regularización de migrantes
Asimismo, la directora general de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Elisabet Santana, ha criticado la falta de coordinación e información por parte del Estado en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.
Santana ha explicado que esta semana se ha iniciado en Tenerife la primera de tres jornadas formativas impulsadas por su departamento, en coordinación con entidades sociales, para informar sobre este procedimiento, cuya segunda sesión tendrá lugar el 27 de abril en Gran Canaria y la última el día 29 en formato online, con más de 650 profesionales ya inscritos.
La directora general ha señalado que el proceso estatal se ha puesto en marcha “sin contar con las comunidades autónomas ni con el tercer sector”, lo que ha dificultado la planificación y respuesta de los servicios públicos.
“Lo único que pedimos es transparencia, coordinación, lealtad y respeto institucional”, ha afirmado.
Según ha indicado, la primera semana está siendo “complicada” debido a la falta de información previa, ya que las comunidades autónomas conocieron los detalles del procedimiento en el momento de su publicación.
Entre los problemas detectados, ha citado que las oficinas de atención presencial no se publicaron en la web estatal hasta días después y que se ha exigido la emisión de informes de vulnerabilidad sin instrucciones claras para su elaboración.
Esta situación está generando “desconcierto” en los servicios sociales municipales, que ya soportan una alta carga asistencial, y se traduce en colas en las puertas de estos servicios, así como en centros de atención y oficinas de Correos.
Santana ha advertido además del riesgo de que la falta de información y la premura en la tramitación puedan provocar errores administrativos que dejen fuera a personas solicitantes.
Aunque ha recordado que el Gobierno de Canarias no tiene competencias en materia de extranjería, ha subrayado su responsabilidad en la coordinación y financiación de los servicios sociales, por lo que ha anunciado la convocatoria urgente de un grupo de trabajo en el marco del Foro Canario de la Inmigración, en el que participarán ayuntamientos y cabildos para mejorar la coordinación.
En cuanto al perfil de las personas solicitantes, ha indicado que previsiblemente será mayoritariamente población latinoamericana, especialmente de países como Colombia, Venezuela y Cuba, si bien ha precisado que aún no hay datos oficiales.
La directora general también ha lamentado también que el Estado no haya facilitado cifras sobre el volumen de solicitudes previsto, lo que dificulta la planificación de los recursos necesarios, y ha insistido en que la prioridad es garantizar una atención adecuada a la población afectada.
