Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los cabildos y los ayuntamientos canarios registran una ejecución «enormemente baja» de las inversiones que presupuestan, menos del 40 % en el caso de las corporaciones insulares y menos del 30 % en el de las municipales, según la fiscalización de 2023 realizada por la Audiencia de Cuentas de Canarias.
El presidente del órgano fiscalizador, Pedro Pacheco, ha presentado en comisión parlamentaria la fiscalización de la cuenta general, contratación y control interno de los siete cabildos y el informe general del sector público local de los 88 ayuntamientos y nueve mancomunidades, que en conjunto contaron con un presupuesto de unos 7.700 millones de euros si se consideran los incrementos por modificaciones de crédito.
Pacheco ha señalado que 44 de estas instituciones han presentado sus datos a la Audiencia de Cuentas fuera del plazo legal, con un retraso medio de 51 días, que en algunos casos supera los 200 días.
El presidente de la Audiencia ha planteado que una ejecución presupuestaria aceptable de las inversiones debe situarse por encima del 60 % y ha aconsejado acomodar la planificación a la capacidad real de gasto, porque «tener un presupuesto en el que no se completa la ejecución es un absurdo».
Parte del problema proviene por la incorporación tardía de fondos externos provenientes de otras administraciones, hasta el punto de que los ayuntamientos en 2023 hicieron modificaciones de crédito de 2.000 millones de euros sobre unos presupuestos iniciales agregados de 2.800 millones, es decir, un 77 % más.
Según el presidente de la Audiencia de Cuentas, la falta de ejecución está relacionada con la deficiente planificación previa de los proyectos, el retraso en la llegada de los fondos, la falta de personal técnico en las unidades de contratación y la conflictividad creciente, hasta el punto de que lo normal es que en cualquier tipo de contrato haya reclamaciones de empresas y operadores.
Además, las instituciones canarias no están acostumbradas a gestionar con los estrictos sistemas de integridad que impone la Unión Europea para el manejo de sus fondos, lo que ralentiza la planificación, contratación y justificación de esas partidas.
En sus recomendaciones, la Audiencia de Cuentas propone reforzar la asistencia técnica a las corporaciones, mejorar la planificación presupuestaria y evitar presupuestar obligaciones no realistas, así como mejorar el control interno. EFE
