Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los servicios jurídicos y administrativos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife analizarán las consecuencias para la capital de la decisión del Gobierno central de retirar el monumento a Franco antes de seis meses, pues a su juicio debe estudiar el coste o las posibles repercusiones legales.
En un comunicado remitido a EFE el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife indica que está analizando resolución dada a conocer por el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la que se incluye al Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, también conocido como Monumento del Ángel o Monumento a Franco, en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
La resolución determina su retirada del espacio público en un periodo de seis meses y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, apunta que “nuestros técnicos están analizando las posibles consecuencias que para Santa Cruz va a tener esta decisión, que se ha dado a conocer hoy por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática”.
Bermúdez reitera que, en cualquier caso, “este Ayuntamiento cumplirá con lo que dicta la ley, tal y como está escrita, tanto en lo que se refiere a la Ley de Memoria Democrática de carácter estatal, como a la Ley Canaria de Memoria Democrática”.
El regidor municipal apunta que “necesitamos analizar todas las vertientes que esta decisión implica para los chicharreras y chicharreros, ya que el Ministerio de Torres toma decisiones que tienen consecuencias que debemos asumir otras administraciones, dejando en nuestras manos cuestiones como la de asumir el coste de esa decisión o las posibles repercusiones legales de la misma, algo que, insisto debemos estudiar en profundidad”. EFE
