Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La comunidad de Canarias ha reconocido hasta junio 22.000 prestaciones por dependencia, 2.000 más que todas las de la pasada legislatura (2019-2023) y ha logrado reducir a los 105 días de media los tiempos de respuesta en la resolución de estos expedientes.
Así lo ha destacado este martes al hacer balance la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, quien ha destacado que el nuevo decreto canario de dependencia, de marzo de este año, «ha permitido reducir los tiempos de respuesta, pasando de 782 días en julio del 2023 a 314 días en junio del 2026», por lo que «se ha reducido en 468 días la espera por la resolución de un expediente de dependencia.
Sin embargo, Ramírez ha precisado que la demora media real en las islas es de 105 días, «dato que no se refleja directamente en el Imserso porque ellos hacen un cómputo calculando la media de un año entero».
Para el viceconsejero regional de Bienestar Social, Francis Candil, y la directora de Dependencia, «el avance que se ha logrado es evidente en cuanto a las resoluciones de grado, resoluciones de PIA (programa individual de atención), prestaciones, y personas incorporadas en el sistema, donde surge «el problema de la segunda lista de espera que se genera», que asocian «a la aceleración que ha habido en los procesos de reconocimiento del derecho».
Para gestionar esta segunda espera, Canarias ha llevado a cabo distintas actuaciones, como contactar con colegios profesionales de logopedas, psicólogos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales para que estos profesionales se acrediten como autónomos en el servicio de dependencia.
De esa manera, podrán prestar el servicio de promoción de la autonomía personal, para el que se han acreditado 39 profesionales, a los que se suman otros 18 autónomos para el servicio de ayuda a domicilio.
Sobre este asunto, Candil ha subrayado que sólo una universidad privada forma en Canarias a terapeutas ocupacionales, por lo que ha trasladado a las universidades públicas la necesidad de ir adaptando la oferta formativa «a las demandas inmediatas» de la sociedad donde operan.
El Gobierno canario también trata de «simplificar» el procedimiento de acreditación de centros y servicios y ha puesto en marcha en marzo, «por primera vez después de 18 años, la prestación económica de asistente personal y actualmente hay 498 personas cobrando ya esta prestación».
De la misma forma, en octubre de 2025 se puso en marcha la teleasistencia, lo que ha permitido pasar de 4.200 a 15.000 beneficiarios.
También en mayo de este año comenzó a andar el servicio de ayuda a domicilio y en ese mes se dieron de alta 623 residentes en La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, ha detallado Ramírez.
El compromiso: 5.000 plazas más en cuatro años
Respecto al Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias 2026-2030, ya redactado, Candil ha recalcado que establece que las islas necesitan 5.000 plazas adicionales para atención residencial y en centros de día, si bien ha recalcado que se pretende desarrollar siguiendo la fórmula de la «desinstitucionalización» por la que apuesta la UE.
La directora general ha precisado que la nómina de la dependencia en Canarias ha pasado de siete a 18 millones entre julio de 2023 y junio de 2026 en virtud «de un esfuerzo que ha sido asumido principalmente por la comunidad autónoma», que ha aportado el 78 % de esta financiación frente al 22 % del coste que ha asumido el Gobierno central debido a la prórroga continuada de los Presupuestos Generales del Estado, al que la ley obliga a participar con el 50 %.
Además, los representantes de la Consejería de Bienestar Social han valorado el esfuerzo que ha hecho esta comunidad al firmar, en diciembre de 2025, los convenios de dependencia entre Ejecutivo y cabildos, lo que permitió, «por primera vez en la historia, actualizar el precio de la plaza por día para ponerlo a un precio de mercado» mediante una aportación comprometida de 1.132 millones de euros en cuatro años.
Concepción Ramírez ha informado de que en Canarias hay muchas más personas atendidas, concretamente 36.467 en lo que va de legislatura, frente a los 16.300 de la anterior.
Por su parte, Candil ha recordado que las prospecciones indican que los mayores de 80 años de esta región pasarán de los 101.000 de 2024 a los 137.00 en 2032, «lo que pone sobre la mesa que la dependencia y la mejora de los recursos que se dedican a este ámbito tiene que ser uno de los grandes retos de la comunidad autónoma, los cabildos y todas las instituciones del país».
Con unas 17.500 personas en la lista de espera por una prestación que aún no se ha hecho efectiva, Ramírez ha destacado que, según un estudio realizado por la Consejería en diciembre de 2025, en el que se preguntó a 8.000 integrantes de esta lista, el 40 % aseguró que no le interesaba hacer un contrato o que solicitó el reconocimiento de la dependencia «por tenerlo», sin necesitar hacer uso de servicio alguno de momento, lo que no descartaban hacer más adelante.
Pese a ello, la directora general ha asegurado que, pese a ello, y «por la falta de servicios que existe, no se ha dado por extinguido ningún programa integral de atención» en esta comunidad, aunque el decreto establezca que eso debe ocurrir a los tres meses de no hacerse efectivo. EFE
