Santa Cruz De Tenerife (EFE).- El grupo Socialista del Parlamento de Canarias ha registrado una proposición de ley para modificar la Ley de Renovación y Modernización Turística y la Ley del Uso Turístico de Viviendas con el objetivo de poner fin a las sanciones impuestas a propietarios que residen en viviendas ubicadas en zonas turísticas
El portavoz socialista, Sebastián Franquis, ha acusado este martes al Gobierno de Canarias de actuar como «un medianero de intereses privados» y de haber agravado un problema que, a su juicio, genera inseguridad jurídica a más de 70.000 familias en el archipiélago.
«El único delito que han cometido estas familias es vivir en la vivienda que compraron hace muchos años», ha afirmado Franquis, quien ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber activado cientos de expedientes sancionadores utilizando la legislación vigente.
La iniciativa del PSOE pretende reconocer la compatibilidad entre el uso residencial y el turístico en aquellas zonas donde el planeamiento urbanístico municipal ya lo permita, redefiniendo conceptos como alojamiento turístico y unidad alojativa para evitar que las viviendas donde residen sus propietarios sean consideradas exclusivamente de uso turístico.
Además, incorpora un régimen transitorio para paralizar los procedimientos sancionadores en marcha, incluidos aquellos que se encuentran en vía judicial sin resolución firme e incluso las sanciones firmes que todavía no hayan sido ejecutadas económicamente.
La proposición también establece que los usos residenciales existentes en parcelas calificadas de uso turístico o mixto se considerarán compatibles cuando así lo permita el planeamiento urbanístico municipal y modifica la definición de establecimiento turístico y de unidad alojativa para delimitar con mayor precisión cuándo una vivienda debe quedar sometida al régimen de explotación turística.
Franquis ha recordado que la Plataforma de Afectados por la Ley Turística impulsó al inicio de la legislatura una iniciativa legislativa popular respaldada por 22.000 firmas con el mismo objetivo, que fue rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno sin que ni siquiera pudiese debatirse.
También ha reprochado al Ejecutivo haber rechazado las enmiendas socialistas durante la tramitación de la ley de vivienda vacacional y no haber cumplido el compromiso, que atribuye al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de buscar una solución para estos propietarios.
Asimismo, ha criticado que, siete meses después de aprobar la ley de vivienda vacacional, el Gobierno haya presentado una veintena de enmiendas para corregir una norma que, según ha dicho, «ya dijimos que era un desastre» y que, a su juicio, ha contribuido a agravar la emergencia habitacional al permitir que unas 34.000 viviendas pasaran del uso residencial al turístico por el rechazo a establecer una moratoria.
Por su parte, el diputado socialista Gustavo Santana, que ha negociado la propuesta con los grupos y la plataforma de afectados, ha cifrado en más de 200 los procedimientos sancionadores iniciados hace mes y medio y en más de 130 las cartas de pago tramitadas, unas cifras que, según ha afirmado, han seguido aumentando en las últimas semanas.
Santana ha reclamado especialmente a Coalición Canaria que facilite la admisión a trámite de la proposición de ley, al recordar que este partido defendió anteriormente la necesidad de corregir esta situación y llegó a anunciar un decreto ley que nunca llegó a aprobarse.
El diputado ha advertido además de que las sanciones se están tramitando como infracciones leves, con multas inferiores a 2.500 euros, lo que les puede causar indefensión, ha dicho, al limitar las posibilidades de recurso de los afectados, y ha deslizado que ese uso del procedimiento por parte del Gobierno podría ser deliberado.
En este sentido, Santana ha insistido en que la propuesta pretende resolver una situación que ha considerado «injusta» para quienes utilizan como residencia habitual o segunda residencia viviendas situadas en zonas turísticas. EFE
