Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento ha tomado la decisión de estudiar la inclusión del conocido como Monumento a Franco en el catálogo municipal de patrimonio con un grado de protección integral, «por sus posibles valores artísticos».
Tras una reunión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz, Bermúdez ha asegurado que entiende que, tras esta decisión, la orden de retirada dictada por el Ministerio de Memoria Democrática, que había dado seis meses para quitar de la vía pública la escultura, debería quedar en suspensión mientras se resuelve el procedimiento, pues «hay una expectativa de protección y parece lógico que no se actúe».
En concreto, el monumento, de aprobarse todos los pasos administrativos, que se estima que puedan alargarse hasta el primer trimestre del año próximo, recibiría un grado de protección integral «por sus valores artísticos, por su monumentalidad y por su aportación al entorno urbano».
El regidor municipal ha asegurado que todas las administraciones incluidas en el Consejo Municipal, como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o la Universidad de La Laguna, se han mostrado favorables a estudiar la protección del monumento a Franco, tras rechazarse recientemente el grado máximo (Bien de Interés Cultural, BIC) por parte del área de Patrimonio del Ejecutivo autonómico.
Bermúdez ha apuntado además que el Ayuntamiento ha recurrido en alzada la resolución del Ministerio de Memoria Democrática, al entender que la decisión adoptada este lunes por el Consejo Municipal de Patrimonio refuerza la posibilidad de su conservación.
Si no es así, «nos vemos en la Justicia», ha afirmado el alcalde, quien ha aseverado que la resolución ministerial ya reconocía que el rechazo a su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) no impedía que pudiera contar con otros valores artísticos susceptibles de protección.
El alcalde ha defendido que tanto la Ley de Memoria Democrática como la normativa patrimonial permiten mantener el monumento si finalmente obtiene protección y se lleva a cabo un proceso de resignificación que le otorgue un nuevo relato.
En este sentido, ha defendido que, en caso de prosperar la protección patrimonial propuesta, el monumento podría sufrir un proceso similar al aplicado en otros espacios vinculados a la dictadura, como el antiguo Valle de los Caídos, hoy Valle de Cuelgamuros.
La legislación de memoria democrática, ha opinado, no obliga necesariamente a retirar todos los vestigios franquistas, sino que contempla su conservación cuando concurran valores artísticos o patrimoniales, siempre que se les otorgue un nuevo relato compatible con los principios de la norma.
En este sentido, ha apostillado que el Ayuntamiento pretende «cumplir la ley como está escrita, sin interpretaciones sesgadas».
Preguntado por el momento en el que se ha decidido incluir en el catálogo, tras ordenarse su retirada, el alcalde ha apuntado que la inclusión no figuraba en la propuesta inicial del catálogo porque el equipo redactor esperaba a que concluyera el procedimiento autonómico que estudiaba si era perceptible de ser BIC.
Respecto a los pasos siguientes, el alcalde ha precisado que el catálogo municipal, que protege inicialmente más de un millar de inmuebles y elementos patrimoniales, permanece en fase de alegaciones y deberá ser aprobado definitivamente por el pleno municipal una vez se resuelvan las más de una treintena de alegaciones presentadas por administraciones, entidades y particulares.
«Un escándalo» y una «excusa», para las víctimas de la dictadura
La Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife considera «un escándalo» la búsqueda de «excusas» que atribuye al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para proteger el monumento conmemorativo del dictador Francisco Franco.
En un comunicado, esta asociación ha rechazado «la nueva maniobra» que atribuye al Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz para intentar proteger el monumento, tras fracasar en el intento de que fuera declarado Bien de Interés Cultural.
La presidenta de la asociación, Mercedes Pérez Schwartz, nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz, encarcelado y desaparecido tras el golpe de Estado, ha denunciado lo que considera un ataque a la memoria de los familiares de las víctimas que sufrieron la persecución y la muerte por parte del Gobierno municipal de Coalición Canaria y el PP, a los que acusa de hacer seguidismo a Vox.
Para Mercedes Pérez Schwartz, «resulta muy grave que las autoridades canarias asuman y mantengan postulados que en otros lugares son propios de la extrema derecha».
La Asociación, que ya presentó alegaciones al Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales de Santa Cruz de Tenerife, ha recibido «por sorpresa» la decisión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz de incluir el monumento, que no aparecía en el documento presentado a exposición pública.
Las víctimas del franquismo piden que se aborde la realidad de la memoria desde el respeto a las leyes y reclaman al Ministerio de Memoria Democrática que colabore jurídicamente en el cumplimiento de la normativa de memoria y en contra de la «vulneración de valores fundamentales».
«Resulta escandaloso que quienes hemos perdido familiares, quienes hemos sufrido la persecución y el saqueo de bienes por la dictadura, no tengamos recursos» para poder afrontar procesos judiciales y evitar que la extrema derecha «cumpla su promesa de defender la memoria de la dictadura», señala Mercedes Pérez Schwartz.
EFE
