Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha rechazado este miércoles que el personal del Servicio Canario de la Salud (SCS) esté “en pie de guerra” por el impago de la totalidad de la paga adicional y ha insistido en que su modificación no depende de una decisión unilateral de su departamento.
Preguntada por este asunto en la comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias, Monzón ha explicado a Vox, que formulaba la pregunta, que esta retribución es común al conjunto de empleados públicos de Canarias y que cualquier cambio debe negociarse en la Mesa General de Empleados Públicos, bajo la competencia de la Dirección General de Función Pública, y no en la mesa sectorial de Sanidad.
En su turno, el diputado de Vox Nicasio Galván le había pedido a la consejera que reclamara a la Consejería de Hacienda los 27 millones de euros necesarios, dentro de los presupuestos autonómicos de 2027 para completar una paga que, según ha indicado, el personal sanitario lleva más de quince años sin percibir íntegramente.
Galván ha sostenido que el incremento presupuestario previsto para el próximo ejercicio permitiría resolver la situación y ha instado a Monzón a “abanderar” esa reivindicación dentro del Gobierno autonómico.
La responsable de Sanidad ha defendido que el compromiso del Ejecutivo con los profesionales se refleja en el aumento del capítulo de personal hasta los 2.615 millones de euros en 2026, un 7 % más, así como en la estabilización de 6.590 plazas, la contratación de cerca de 800 médicos formados en Canarias y la implantación del quinto grado de carrera profesional.
Monzón ha precisado además que la huelga planteada corresponde al Sindicato Médico y no al conjunto de trabajadores del SCS, por lo que ha pedido a Galván que no atribuya a la paga adicional el conjunto de conflictos laborales existentes en el sistema sanitario.
En otra pregunta formulada por Yone Caraballo, del grupo Nueva Canarias, respecto a la ampliación del centro de salud de Playa Blanca, en Lanzarote, Monzón ha afirmado que el expediente no puede iniciarse hasta que el Ayuntamiento de Yaiza modifique el acuerdo de cesión del suelo para que figure expresamente como beneficiario el SCS y remita varias certificaciones pendientes desde febrero.
La actuación prevista incluye los servicios de radiología y rehabilitación para responder al aumento de la población de la zona, que ha crecido un 20,86 % desde 2022.
Por último, Monzón ha descartado reabrir la unidad de salud mental del consultorio de Bañaderos y ha recordado que fue trasladada en 2021, durante un Gobierno del PSOE, al centro de salud de Costa Ayala, al considerar que el cambio permitió mejorar los espacios para pacientes y profesionales en una decisión «técnica» que fue bien acogida, según Monzón.
La unidad, ha detallado, atendió en 2025 a unos 3.800 pacientes en más de 15.000 consultas y será complementada con un nuevo recurso en Gáldar, destinado a una población de referencia de aproximadamente 43.000 adultos del norte de Gran Canaria.
La diputada socialista Nayra Alemán, que formulaba la pregunta, ha criticado que el traslado obligue a desplazarse a pacientes de Arucas y otros municipios, y ha alertado de que no se están cubriendo bajas ni adaptando adecuadamente algunos tratamientos de menores, cuestiones que Monzón se ha comprometido a revisar. EFE
