Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Comisionada de Transparencia, Noelia García Leal, ha recalcado este martes que «si algo tenemos que atacar» desde este órgano es «el silencio administrativo», pues «las entidades siguen sin contestarle a los ciudadanos cuando les piden alguna información».
Razón por la que cada vez «son más las demandas» que recibe el Comisionado de Transparencia, ha indicado García Leal tras presentarle el proyecto de presupuesto de su departamento para el ejercicio de 2027 a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez.
Precisamente, una de las «líneas de actuación claras» que se reflejan en dicho proyecto presupuestario es la «necesidad imperiosa» de reforzar el personal con un técnico y un administrativo más, además de ampliar recursos destinados a aplicaciones informáticas.
Con los medios actuales, ha alertado García Leal, «no damos abasto a las reclamaciones que estamos recibiendo, que cada vez son más exhaustivas y tenemos que resolverlas en tiempo».
Además, ha recordado que el año que viene, Canarias será sede de la presidencia nacional de los órganos garantes, un encuentro que probablemente se celebre antes de junio, y que el plan estratégico recientemente aprobado debe ser ejecutado en un plazo de cuatro años.
García Leal ha detallado que las reclamaciones de información que se derivan a este organismo tienen que ver mayoritariamente con los servicios y la función pública, y también con la ordenación del territorio.
«Nosotros insistimos, y nos ponemos a disposición de las entidades para responder, que lo que no entiende el ciudadano es que una institución a la que le pide información pública no conteste nunca», ha aseverado.
Ha indicado que el silencio administrativo no es exclusivo de Canarias sino que, «desgraciadamente», está extendido por todo el país: «las entidades púbicas no contestan a la ciudadanía como deberían».
Otra de las líneas estratégicas del Comisionado de Transparencia tiene que ver con la promoción de su labor entre la ciudadanía, y ha deslizado una actuación en el ámbito educativo, para que los jóvenes «vayan a la fuente correcta».
La idea es «que todos los ciudadanos de Canarias sepan que hay un órgano, igual que la Diputación del Común, el Consejo Consultivo o la Audiencia de Cuentas, al que puedan reclamar en el caso de que su derecho a la transparencia y la información sea vulnerado».
Preguntada por las dietas de los diputados del Parlamento de Canarias, García Leal ha afirmado que la Mesa de la Cámara es la responsable de «determinar la transparencia de sus señorías» y que en esto «no tenemos competencia. Así lo pone la ley».
El proyecto presupuestario del Comisionado de Transparencia para 2027 contempla, en una primera previsión, una dotación de 1.661.000 euros, lo que supone un incremento de 330.000 euros respecto al presupuesto del año anterior.
Este aumento responde a las necesidades detectadas por el Comisionado para reforzar su estructura y capacidad de actuación, especialmente en materia de personal, organización y medios tecnológicos, así como para avanzar en el desarrollo y seguimiento de su plan estratégico.
La necesidad del incremento presupuestario del Comisionado se puso de manifiesto por todos los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Gobernación del 17 de julio pasado, en la que la Comisionada expuso el informe anual de 2025.
Junto a ello, el proyecto contempla recursos destinados a la mejora y actualización de los aplicativos informáticos, como herramienta fundamental para optimizar la gestión, facilitar la tramitación y mejorar la atención y los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
El presupuesto previsto supone un gasto medio de 74 céntimos por habitante y año, una cifra que refleja el coste de los servicios y funciones que desarrolla el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el conjunto de la ciudadanía. EFE
