La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (c); el director general de Patrimonio, Juan Domingo Cabrera (i); y el profesor de la Universidad de La Laguna Javier Mendoza (d). EFE/Quique Curbelo.
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (c); el director general de Patrimonio, Juan Domingo Cabrera (i); y el profesor de la Universidad de La Laguna Javier Mendoza (d). EFE/Quique Curbelo.

El Gobierno de Canarias pedirá a la UE que flexibilice la contratación pública en las regiones ultraperiféricas

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de Canarias pedirá a la Unión Europea que flexibilice la normativa de contratación pública en las regiones ultraperiféricas, con el fin de paliar las desventajas que sufren por ello, según ha anunciado su consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP).

La insularidad y la lejanía restan competitividad a la compra pública en el archipiélago, según un estudio de la Universidad de La Laguna que realiza un análisis comparativo de la contratación pública en Canarias entre 2016 y 2025, ha indicado Asián durante una rueda de prensa para presentarlo.

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El informe señala que la insularidad condiciona el funcionamiento de la contratación en las administraciones públicas canarias, a lo que se añade una menor competencia, presupuestos que no siempre reflejan los sobrecostes insulares, menor atracción de empresas externas, el uso intensivo de criterios objetivos y diferencias entre las islas capitalinas y no capitalinas.

De acuerdo al estudio, Canarias no compite en igualdad de condiciones, pues la lejanía, la fragmentación territorial, los costes logísticos y el tamaño del mercado reducen la concurrencia empresarial, y esa menor competencia se traduce en menos ofertas, más licitaciones desiertas y menores descuentos sobre el presupuesto inicial.

Si se comparan los datos de concurrencia en Canarias con los de la península, se evidencia que la competencia es menor en las islas, con 2,89 ofertas por contrato frente a las 5,04 que registra una oferta pública en la España continental, lo que supone un 42,7 % menos.

A esto hay que añadir que el 8,93 % de las licitaciones quedan sin adjudicar en Canarias, frente al 7,65 % del resto de España.

Respecto a las bajas, la baja media es del 12,12 % frente al 16,24 % peninsular; lo que se traduce en un 25 % menos de ahorro para las administraciones canarias.

Además, otros datos relevantes son la menor presencia de pymes como adjudicatarias de los procedimientos públicos en Canarias, que representan el 53,98 % de las adjudicaciones, una cifra menor a la de otras regiones comparables y de Baleares.

La escasa competencia exterior supone que solo el 0,79 % de los adjudicatarios son transfronterizos, frente al 6,10 % de la Unión Europea continental.

También se aprecia una brecha entre islas, ya que las no capitalinas apenas alcanzan 2,23 licitadores por contrato y dependen en un 92,08 % de criterios objetivos.

La comparación europea también muestra que Canarias presenta menos ofertas que la UE continental, menos participación transfronteriza y peores registros que la mayoría de las regiones ultraperiféricas.

Sin embargo, el informe también muestra que el problema no es inevitable, ya que otras regiones insulares o ultraperiféricas obtienen mejores resultados cuando existen condiciones que favorecen la participación empresarial.

La Consejería de Hacienda considera que el reto para Canarias no reside en licitar más, sino licitar mejor, además de promover un marco europeo que reconozca la singularidad de las regiones ultraperiféricas en contratación pública.

Tal y como se desprende del informe, es necesario ajustar los presupuestos a la realidad insular, introducir criterios que valoren la calidad y la innovación, mayor profesionalización de compradores y empresas, y medidas que reduzcan las barreras de entrada para operadores locales, nacionales y europeos, según Asián.

Por ello, Canarias pedirá a la UE que flexibilice la normativa de contratación pública para las regiones ultraperiféricas, de forma que, si Europa lo autoriza, el archipiélago pueda negociar con el Estado condiciones especiales, ha destacado la consejera de Hacienda. EFE