Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Gobierno de Canarias considera vital para evitar más «casos Maricarmen» modificar la ley de arrendamientos urbanos y un pacto de Estado sobre la vivienda, y ha pronosticado el fracaso de medidas «efectistas» y «populistas» si no se consensúan antes de trasladarlas al Congreso de los Diputados.
El portavoz del ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha recalcado que «lo que puede frenar de una forma brusca imágenes como la de la semana pasada» es una modificación de dicha ley, y ha denunciado falta de transparencia por parte del Gobierno central sobre lo que pretende aprobar en el Consejo de Ministros.
«Parece que se está empujando a que las comunidades autónomas nos tengamos que pronunciar sobre algo que no conocemos. Este es un estilo muy de este Gobierno: o estás a favor o en contra… ¿pero de qué?», ha planteado.
En su opinión, «se tiene que articular un paquete de medidas que sea real, no de efectismo político», ha abundado Cabello, quien ha añadido que algunas de las medidas de las que se habla últimamente «van muy al límite de lo que es el derecho a la propiedad», mientras que otras «colisionan y modifican mucho reglamento y muchas leyes en vigor».
«Lo único que conocemos es una especie de decálogo que creemos que firmaría cualquiera (…) pero no hay una medida de calado, de fondo, que se haya planteado».
El portavoz del ejecutivo canario ha analizado que el caso de Maricarmen ha puesto de relieve «las costuras del sistema», tanto por la falta de respuesta institucional como por la respuesta de la mayoría de partidos en el Congreso: «crispación y bronca».
Por ese motivo, entiende que cualquier iniciativa que lleve el Gobierno a la Cámara baja sin antes consensuarla está abocada al fracaso, y que la estrategia no puede ser la del «y tú más», sino buscar «un gran acuerdo de Estado».
Preguntado por la declaración de zonas tensionadas en Canarias, ha deslizado que en las comunidades y ciudades donde se ha aplicado este instrumento legal «no ha tenido el efecto más adecuado».
Cabello ha recordado que esa declaración corresponde al ejecutivo autonómico pero la tienen que solicitar los ayuntamientos, y en el caso del de Las Palmas de Gran Canaria, que ha remitido toda la documentación y que se está en trámite.
Por lo demás, ha recalcado que lo que hace el ejecutivo canario es «reaccionar cuando se da una situación concreta», como hizo la semana pasada con «la amenaza» de un desahucio en Granadilla que se aplazó tras pedir el informe de vulnerabilidad social al ayuntamiento y trasladarlo a Fiscalía y al juzgado.
Ha recordado que para este tipo de situaciones está el programa Canarias Prohogar, y ha repasado algunas de las medidas adoptadas en la presente legislatura como la aprobación de tres decretos de simplificación administrativa para agilizar la construcción y rehabilitación de viviendas.
También ha aludido al aumento en un 25% de los fondos propios destinados a vivienda publica, al cambio normativo para que la RIC se pueda invertir en vivienda asequible, a la rehabilitación de edificios inacabados, a los bonos de alquiler joven y la hipoteca joven, y a unas 4.000 viviendas en ejecución. EFE
