Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y la Policía Nacional han desalojado este martes por orden judicial a una mujer con un hijo de cuatro años y otro de 16 de una vivienda del barrio de Pedro Hidalgo por impago del alquiler, al no atender al informe de vulnerabilidad exprés incoado esta misma mañana por los servicios sociales municipales.
La comitiva judicial, de la que no ha formado parte la letrada del Juzgado, sino dos auxiliares, ha ejecutado el lanzamiento pasadas las 12.30 horas, al no considerar suficiente para aplazar la medida los informes aportados en el último momento sobre la situación en la que queda esta familia, que no tiene alternativa habitacional.
La orden de desahucio, instada por el propietario del inmueble, se ha llevado a cabo ante las protestas de varias decenas de vecinos y activistas por el derecho a la vivienda convocados en la calle Hoya del Rosario por la plataforma ciudadana Derecho al Techo.
Los portavoces de Derecho al Techo han denunciado la pasividad institucional con la que consideran que se ha tratado este caso, ya que desde el pasado mes de julio una comitiva judicial informó a la inquilina desahuciada este martes de que la persona con la que vivía, firmante del contrato de alquiler, había dejado de pagar, por lo que se requirió un informe municipal de vulnerabilidad para evitar el lanzamiento.
Un informe que «nunca llegó»
Ese informe «nunca llegó» al Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria porque los servicios sociales alegaron que no habían podido localizar a la interesada, Jénnifer, con quien sí dio «al día siguiente» de conocer el lanzamiento del que iba a ser objeto esta plataforma por el derecho a la vivienda.
Desde este colectivo reprochan al propietario del inmueble que habitaba que no haya querido negociar un alquiler asequible con la perjudicada, quien cobra una ayuda social.
Paula Núñez, de Derecho al Techo, ha criticado que, pese a la urgencia de este caso, la designación el 30 de septiembre de un letrado del turno de oficio «no llegara correctamente al juzgado», por lo que no se ha podido adjuntar al expediente los informes con los que asegura que podría haberse evitado este desahucio en virtud del ‘decreto Maricarmen’ en vigor.
«El problema no es tanto que no haya herramientas judiciales o administrativas como que las administraciones no están actuando, están en una clara inacción y pasividad absoluta. Lo que falta es voluntad de aplicar la ley», ha opinado.
Enfrentamiento con los manifestantes
Tras un fuerte forcejeo con las decenas de personas que se apostaban ante el portal en cuyo bajo vivía Jénnifer con sus dos hijos, la Policía tuvo que esperar a que la procuradora del titular de la vivienda les facilitara una llave para abrir la puerta de la calle.
Mientras los allegados y miembros de Derecho al Techo lanzaban consignas de protesta, como «la casa es para vivir, no para especular», «ni un desahucio sin respuesta» o «rescatan al banquero, desahucian al obrero», los agentes de la Policía Nacional personados en el lugar tuvieron que usar una sierra radial para entrar a la vivienda, ya que su acceso estaba bloqueado por dentro con enseres.
De su interior sacaron a Jennifer y a otras personas que le apoyaban.
Ante la gravedad de los hechos, que han conmocionado al barrio de Pedro Hidalgo, un agente de la unidad de la Policía Local especializada en la protección de menores vulnerables se ha personado para cerciorarse de que la afectada y sus hijos, que estaban en el colegio mientras se producía el lanzamiento, dormirán esta noche en casa de un familiar, como les ha garantizado Jénnifer.
Preguntado por EFE sobre este caso, un portavoz del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dicho que el Consistorio «ha hecho lo que debía» dentro de sus competencias y ha recordado que, si la afectada pide una ayuda, se le concederá «como hace siempre».
«Solo pedía un poco de tiempo»
Tras encararse con el dueño del piso, que ha llegado una vez que el lanzamiento se había producido, para reprocharle que no le diera más tiempo para encontrar un hogar al que marcharse, Jénnifer ha contado a los periodistas que nunca pretendió quedarse con esa vivienda, que pagaba el agua y la luz, como había acordado con la persona que firmó el contrato de arrendamiento, porque cobra una ayuda social y no le da para más.
«Nunca me he negado a pagarle el alquiler, sólo le pedí un poco de tiempo para que me ayudaran en Vivienda para irme con mis hijos. Él me dijo que quería venderla para darse un capricho. Soy una buena madre, mis hijos sacan buenas notas, deberían de mirar el papel de vulnerabilidad. Esto cada vez va a peor, hay muchos españoles que están igual que yo, con menores en la calle, y deberían darnos vivienda, que es lo básico para un ser humano», ha reprochado Jénnifer entre lágrimas a las administraciones concernidas.
Ahora la afectada espera que los informes de la Unidad de Protección y Acompañamiento de la Policía Local hagan que los servicios sociales brinden una solución habitacional temporal a su familia, a la espera de poder acceder a un alquiler que pueda pagar. EFE
