CCOO, UGT e IC: Quitar el tacógrafo en Canarias sería perpetuar el abuso patronal en el transporte terrestre de mercancías

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- CCOO, UGT e Intersindical Canaria (IC) han advertido este martes al Gobierno canario de que exonerar a las islas del uso del tacógrafo, como pide la patronal del transporte terrestre de mercancías, sería «perpetuar el abuso» que infligen a los trabajadores las empresas del sector.

Ante el paro indefinido que han convocado los transportistas de Canarias a partir del 28 de noviembre y la caravana de camiones que pretenden promover ese mismo día en Las Palmas de Gran Canaria, representantes de estos tres sindicatos -Pedro Costeras por CCOO, José Suárez por UGT y José Jiménez por IC- han recalcado en rueda de prensa que se trata de un paro patronal.

Esto significa que los 4.000 trabajadores a los que afectará en las dos provincias canarias no están llamados a una huelga, de ahí que los sindicatos entienden que se les ha de abonar la jornada laboral aunque se les impida desarrollarla, ya que no habrá servicios mínimos.

Ante la principal petición de la patronal, las tres organizaciones sindicales han hecho un llamamiento a la responsabilidad y han recordado que el tacógrafo es un mecanismo de control de las jornadas y los tiempos de descanso impuesto por la Unión Europea desde los años ochenta, aunque su funcionamiento es obligatorio en Canarias desde 2010 «incomprensiblemente».

Pedro Costeras ha detallado que las sanciones impuestas a empresas del sector en Canarias por incumplimientos en el uso del tacógrafo han sido 1.500 en 2018; 2.000 en 2019; 750 en 2020 y 1.100 en 2021, y ha considerado «un insulto a los conductores» alegar que «les multan porque los trabajadores no saben usarlo», cuando lo que sucede es todo lo contrario: saben hacerlo muy bien y también distinguir lo que es un descanso real de una espera en una terminal de carga o un aeropuerto o una travesía en barco en la que no disponen de camarote.

A juicio de estos sindicatos, con la pretendida retirada del tacógrafo, que esperan que el Gobierno canario siga rechazando, se pretende perpetuar «los abusos en las jornadas de trabajo» que se han generalizado en este sector, donde la ausencia de convenio, como ocurre en la provincia occidental, o su obsolescencia, como ocurre en Las Palmas, donde rige el de 2007, «hace que el salario mínimo interprofesional se haya comido las tablas salariales reguladas en ellos».

Costeras ha recalcado que, según la normativa vigente, por cada camión debería haber un promedio de 1,5 conductores, aunque siempre va uno, lo que le supone a la empresas ahorrarse unos 9.000 euros al año.

«Se quejan de que no hay conductores», una profesión que «eligen quienes no tienen más remedio», dados los salarios y las jornadas laborales que han de asumir, ha referido.

El representante de UGT, José Suárez, ha pedido que dejen vivir a los camioneros y ha alertado que retirar el tacógrafo implicaría eliminar un sistema de control de la seguridad vial.

Por todo ello, estos tres sindicatos reclaman a las autoridades canarias «que no apoyen esta petición, que no es profesional, sino que persigue que el Gobierno canario actúe de forma parcial en un conflicto laboral muy complejo».

Las organizaciones sí comparten otras demandas patronales, como las relacionadas con la continuidad de las bonificaciones al gasóleo y la gasolina y también la que beneficia al combustible profesional.

Lo que no comparten son los diferentes cánones de seguridad vial que se aplica en la UE y en Canarias al transporte terrestre de mercancías, que rigen en virtud del Real Decreto 1082/14 aprobado por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, cuya retirada exigen al que dirige en la actualidad Pedro Sánchez.

Esta normativa, que establece en ocho horas el descanso entre jornadas en las islas -cuando en el resto de la UE oscila entre las nueve y once horas-, fue aprobada en 2014 «porque los empresarios de Canarias son insaciables», de ahí que pretendan también «que el tacógrafo lo controle la Inspección de Trabajo, y no la Guardia Civil», ha aseverado Costeras.

El responsable sectorial de CCOO ha recalcado que el Reglamento CE 561/2006 establecía una excepcionalidad del uso del tacógrafo en Canarias «siempre que se mejoraran los mecanismos de control y de Seguridad Social y se mejoraran las relaciones laborales», unos requisitos que, a su juicio, no se garantizan sin el uso de esta herramienta.

Además, ha advertido al Gobierno canario que puede seguir subvencionando al 98 % el combustible profesional, pero ha de tener en cuenta que «la política de costes de las empresas» del transporte terrestre de mercancías de las islas «es ficticia hasta que no se revisen los salarios», que permanecen congelados desde 2007. EFE