Santander (EFE).- Los panaderos de Cantabria pueden pedir a partir de mañana, jueves, las ayudas directas de 6.000 euros que ha aprobado el Gobierno regional para compensar la subida de costes, a las que podrán acogerse unos 200 autónomos y pequeñas empresas.
La convocatoria, dirigida al gremio de la panadería y la pastelería, ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria y estará abierta durante un mes.
Las ayudas deberán ser solicitadas de forma telemática a través de la web de la empresa pública Sodercan, dependiente de la Consejería de Industria, (https://ayudas.sodercan.es/ayudas).
El pago de las ayudas arranca este mes
Sodercan será la encargada de gestionar esta convocatoria, con el objetivo de que el abono de estas ayudas comience este mes de marzo y se complete a lo largo de abril, “de una manera rápida y ágil”, explica el Gobierno en un comunicado.
El abono a los solicitantes que cumplan los requisitos sin necesidad de que haya finalizado el mes de plazo de solicitud.
Los beneficiarios son empresas o autónomos cuya actividad esté dada de alta con anterioridad al 1 de enero de 2023 en alguno de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas correspondiente a la industria del pan y bollería y/o industria de bollería y pastelería.
El consejero de Industria y presidente de Sodercan, Javier López Marcano, ha destacado que estas nuevas ayudas son complementarias a dos líneas de la Consejería que permanecen abiertas y a las que pueden acogerse las panaderías: las de los fondos de eficiencia energética para gran empresa y pyme, dotadas con 8,3 millones de euros para cambio de maquinaria, y las de autoconsumo, dotadas con otros 16 millones.
1,2 millones en ayudas
El presupuesto para estas ayudas directas es de 1,2 millones de euros.
“El incremento desorbitado de los precios de la electricidad está provocando unos impactos evidentes en el tejido empresarial, y en este caso concreto en los sectores de fabricación de panadería, bollería y pastelería, como vienen poniendo de manifiesto las últimas actualizaciones del índice de precios al consumo, con la consecuente pérdida de competitividad”, señala el Gobierno.
Y añade que esa situación ha derivado en un aumento del coste en partidas esenciales dentro de esta actividad, que tiene “una dificultad estructural” para trasladar de manera inmediata estos aumentos de costes a sus clientes, lo que ha provocado “un deterioro en la viabilidad económica de estos negocios”.
