Santander, (EFE).- Las huelga indefinida de letrados, que supera los 50 días, ha doblado el número de trámites pendientes en los juzgados de Cantabria, retrasando la resolución de los procedimientos judiciales.
Al iniciarse esta huelga, convocada en todo el territorio nacional desde el 24 de enero, los juzgados cántabros tenían pendientes de resolver 13.000 escritos de trámite.
Tras siete semanas de parón, ese número se ha elevado a 25.000.
Dentro de esos trámites se incluyen todos los escritos que los abogados y procuradores dirigen al juzgado, como apoderamientos, contestaciones a demanda o respuestas a pruebas.
Según señala a EFE el delegado territorial del cuerpo de letrados en Cantabria, Julio Antolín, esta huelga ha llevado, además, a la suspensión de 1.800 actuaciones judiciales, que incluyen la celebración de juicios.
Sin salida 25 millones
Y los juzgados cántabros tienen en sus cuentas 25 millones de euros acumulados, a los que no se les está dando salida.
Esta cifra proviene de multas, retenciones o embargos que van dirigidos a otras administraciones o a particulares pero el juzgado no está dando salida porque deben tener la firma de los anteriormente conocidos como secretarios judiciales.
También han quedado, durante este tiempo y debido al parón, 4.700 demandas pendientes de enviar de todas las jurisdicciones de Santander, 2.700 de ellas de juzgados primera instancia.
¿En riesgo el 28M?
Además, advierte Antolín, la huelga de letrados puede poner en riesgo la celebración de las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo, ya que las juntas electorales provinciales y de zona, que velan por el correcto desarrollo del proceso, deben incluir a un letrado de la administración de justicia.
Según el letrado, si se forman estos organismos y los letrados siguen de huelga, no se podrían constituir, salvo que, matiza, el Ministerio de Justicia cambie el decreto de servicios mínimos para incluir esta actividad.
Los letrados de la administración de Justicia piden al Ministerio que “cumpla su compromiso” y se les aplique una cláusula de enganche para no cobrar nunca menos del 85 % respecto a jueces y fiscales, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas.
El cuerpo funcionarial denuncia que han ido acumulando nuevas funciones y carga de trabajo sin compensación a lo largo de los años.
