Pilar Palazuelos/
Argoños (EFE).- Argoños acumula en sus algo más de 5 kilómetros cuadrados 255 viviendas con sentencia firme de derribo, un problema que arrastra desde hace más de 25 años y que los propietarios de las casas afectadas achacan a los desmanes del boom urbanístico.
Tras muchos intentos, no parece haber más salida que el derribo y la compensación o con dinero o con nuevas viviendas en terrenos libres de impacto ambiental, y los afectados lo que piden es que lleguen «soluciones reales ya».
Las 16 sentencias de demolición de urbanizaciones en Argoños afectan a 255 viviendas y al 20 % del suelo. La población de este municipio no llega a 2.000 habitantes, por lo que casi se le puede considerar un emblema de los derribos, como lamentan los afectados.
Este verano, las esperanzas que quedaban se desvanecieron cuando el Tribunal Supremo confirmó la nulidad del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Al decaer esta planificación se esfumaron también las perspectivas de legalizar casas, y desde ese momento el Gobierno cántabro garantiza que los 120 afectados por ese fallo tendrán o el dinero o una nueva casa.
Pero el panorama se barrunta peor, porque los tribunales aún deben validar el plan general del municipio, y con estos antecedentes pocos lo ven probable. En este caso están afectadas 134 viviendas más, para las que el camino, cuando se resuelva ese pleito, parece que será el mismo.
«25 años pendiente de que te derriben la casa»
El problema se remonta a finales de los años 90 del pasado siglo, cuando llegaron los primeros fallos de derribo de viviendas en este municipio.
«Nosotros jamás podíamos haber pensado que esto iba a durar tanto. Creíamos que era como mucho para una legislatura. Nos decían que iba a estar resuelto y llevamos 25 años pendientes de que derriben nuestras casas», subraya a EFE Antonio Vilela, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración, que agrupa a los afectados por las sentencias de derribo.
Lejos de arreglarse nada, de momento no hay soluciones reales. «Vivimos de promesas. Y en Argoños tenemos récord de sentencias de derribo por metro cuadrado», destaca.
Pese a los intentos de sucesivos gobiernos regionales, de distintos colores políticos, de legalizar estas casas con planes ad hoc y propuestas a los tribunales, todo ha decaído.
También, a pesar de las resoluciones del Parlamento cántabro, que reiteradamente ha instado al Gobierno autonómico a dar una solución.
Un problema de dinero
En opinión de los afectados, gran parte del problema es económico: las indemnizaciones son muy cuantiosas.
También creen que hay mucho de «dejar para la siguiente legislatura este marrón» y que otro bregue con ello.
Los afectados lamentan las «soluciones creativas» que se han intentado. «Grave error, porque lo que se ha conseguido es alargar, un coste tremendamente mayor y el sufrimiento de la gente todo este tiempo», subraya Vilela, que pide que se resuelva «de una vez por todas».
