Toledo (EFE).- Castilla-La Mancha va a contar con un mínimo de 10.000 nuevas viviendas en los próximos años, en zonas con mayor necesidad, debido a un plan que contará con 106 millones de euros de inversión pública, en parte de los fondos europeos de recuperación, y más de 1.400 millones de inversión privada.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado el ‘Plan 10.000 viviendas en Castilla-La Mancha’ y ha recalcado que no se trata de 10.000 viviendas sociales o para colectivos vulnerables, sino que irán destinadas a venta o alquiler para la ciudadanía en las zonas donde más se necesitan.
Ante un nutrido grupo de empresarios del sector de la construcción, García-Page ha dicho que no se trata de “intervenir” en la vivienda sino de llegar a un acuerdo público-privado y de “trabajar conjuntamente” para conseguir que las familias y los jóvenes encuentren vivienda, en compra o alquiler, a un “precio razonable”.
Ha agregado que el interés que hay a la hora de invertir dinero público es que resulte “más asequible” al comprador.
3.000 viviendas en Guadalajara y otras 2.000 en Toledo
Aunque es un proyecto “flexible” tanto en la inversión como en el número de viviendas y en su ubicación, ha explicado el presidente regional, inicialmente se ha previsto construir 3.000 en la provincia de Guadalajara, 2.000 en Toledo, 1.900 en Albacete, 1.900 en Ciudad Real y 1.200 en Cuenca.
Se trabajará en colaboración con los ayuntamientos para construirlas en lugares donde haya más demanda, según García-Page quien ha recalcado que en Castilla-La Mancha hay zonas en crecimiento, demográfico y empresarial, donde se necesitan viviendas y, al mismo tiempo, hay unos fondos europeos de recuperación que pueden utilizarse.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha detallado que hay zonas en provincias como Guadalajara o Toledo “más tensionadas” por su proximidad a la Comunidad de Madrid y en la que el mercado no está dando la suficiente respuesta.
Tres líneas: avales, ayudas y actualización normativa
Las tres líneas de actuación dentro del plan serán ayudas, avales y actualización de la normativa, según Hernando, quien ha subrayado que la vivienda no es un problema sino “una oportunidad y una solución” según como se quiera plantear.
Habrá ayudas a los promotores de 700 euros por metro cuadrado -hasta un máximo de 50.000 euros por vivienda-, y avales a los compradores del 20 % del precio -el porcentaje que las entidades bancarias no suelen hipotecar-.
Ha defendido utilizar fondos públicos, en parte del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, para los 106 millones de euros de inversión pública que conllevará el plan, con los que se quiere captar más de 1.400 millones de inversión privada en los próximos años.
La construcción, un sector estigmatizado
Por su parte, el secretario general de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (Fereco), Manuel Carmona, ha dicho en su intervención que el sector ha atravesado tiempos “muy difíciles”, en los que se ha estigmatizado a este empresariado que cerró 2022 con más de 70.000 trabajadores empleados en Castilla-La Mancha.
Ha defendido que las empresas a las que representa Fereco “siempre han dado la cara y han hecho un gran esfuerzo” y por este motivo, ha añadido, ha “dolido” cuando se ataca al sector.
Carmona ha valorado la “apuesta” por la vivienda de alquiler y la rehabilitación pero también ha dicho que muchas familias y jóvenes quieren comprar la vivienda, que, además, fija población al territorio, ha precisado.
Ha manifestado que es “ambicioso” construir 10.000 viviendas y ha apuntado que el sector trabajará para conseguirlo porque puede ser “efectivo”.
