Toledo (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este jueves 12.000 plazas de empleo público entre los años 2023 y 2027, de las que 5.000 corresponderán al ámbito sanitario y casi 4.000 al educativo.
García-Page ha explicado que el Gobierno regional va a aprobar el inicio del proceso para poder ofrecer esas 12.000 plazas de contratación pública.
Ha precisado que no todas estas plazas de empleo público serán de nueva creación, sino que también se cubrirán las de los empleados que se jubilen, pero en todo caso ha recalcado que no pretende resolver el problema del paro con la función pública pero sí evitar “cortocircuitar las expectativas” de quienes tienen vocación pública.
En materia de empleo, el presidente regional ha reiterado que los datos del mes de abril serán “espectaculares” y que cerrará la legislatura con el paro a la mitad, o más, de lo que hubo en la época de Cospedal.
Destaca que Castilla-La Mancha encabeza la confianza empresarial
En este punto, también ha valorado los datos del índice de confianza empresarial conocidos este jueves y ha destacado que Castilla-La Mancha “encabeza” el listado de comunidades autónomas y está 11 puntos encima de la media nacional.
A su juicio, este dato supone que “los empresarios ven en esta región y este Gobierno estabilidad y previsibilidad, pero también nosotros confiamos en los empresarios”.
Por otro lado, García-Page se ha referido al anuncio del Ejecutivo central de poner a disposición 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), 1.534 de ellas en Castilla-La Mancha, para moverlas en el mercado con alquileres asequibles.
A este respecto, se ha comprometido a que el Gobierno de Castilla-La Mancha colaborará con el Ministerio de Fomento “en la medida en que se pueda sacarle provecho” porque “es mejor que las viviendas se ofrezcan a que estén paradas y muertas de la risa”.
A su juicio, no se trata de aprovechar las viviendas donde están sino “que haya vivienda donde la gente quiere vivir”, al tiempo que ha apuntado que tendrá que haber un intermediario porque “la Junta no se va a quedar de casero de las viviendas”, ha apostillado.
