Toledo (EFE).- El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Toledo ha condenado al Consistorio toledano a revisar al alza el precio del agua en “el plazo improrrogable de diez días” por no haber ejecutado un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de agosto de 2018.
En el auto, con fecha de 4 de septiembre de 2023, el juzgado condena al Consistorio a la ejecución forzosa de dicho acuerdo de Junta de Gobierno.
Además, alerta de que en caso de incumplimiento, la Administración local se puede enfrentar a multas coercitivas que pueden ir desde los 150 a los 1.500 euros, “sin perjuicio de otras responsabilidades penales a que hubiere lugar”.
Este auto es consecuencia de una sentencia que, en este mismo sentido, dictó este mismo juzgado en el 17 de enero de 2023, que era firme y contra la que no cabía recurso.
La empresa alertó del desequilibrio financiero de la concesión del agua
Los hechos se remontan a 2006, cuando el Ayuntamiento de Toledo firmó un contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua a la empresa Tagus, y después de que la empresa pusiera de manifiesto el desequilibrio económico financiero que sufría la concesión, el Ayuntamiento de Toledo acordó en 2014 que se realizaría una revisión de precios de forma quinquenal.
Así, en la Junta de Gobierno Local del 2 de agosto de 2018 se aprobó que la próxima revisión de tarifas sería en 2019, para el periodo de aplicación 2020-2024, si bien el Consistorio toledano no llevó a cabo dicha revisión de precios.
Ante esta situación, la empresa Tagus interpuso en 2021 un recurso contencioso-administrativo para que se ejecutara el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que derivó en la sentencia de enero de 2023.
Tras no haberse ejecutado, se debe aplicar “en el plazo improrrogable de diez días”, según el auto dictado a primeros de septiembre.
La Junta de Gobierno Local aprueba la ejecución forzosa de la sentencia
Tras conocerse el fallo, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado en su reunión de este martes la ejecución forzosa de la sentencia.
De esta manera, el actual equipo de gobierno de Toledo actual cuenta con un plazo improrrogable de diez días para adoptar las medidas necesarias para lograr su efectividad.
PSOE culpa a Velázquez de la subida del agua e IU pide recuperar la gestión del servicio
Por su parte, el grupo socialista de Toledo ha dicho que la subida del precio del agua es “responsabilidad exclusiva” del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y atribuible “a su mala gestión y fruto de un contrato firmado por el PP en 2006 y que ha sido perjudicial desde su origen para los intereses de la ciudad”.
El PSOE ha recordado que el PP sacó en ese año a licitación este contrato por un periodo de 25 años que incluía 36 millones de euros de indemnización a la anterior empresa adjudicataria y unas previsiones de crecimiento y de consumo “irreal y sobredimensionado”.
Además, ha señalado que el auto judicial “en ningún caso habla de subida del precio, sino que el Gobierno local se manifieste y diga cuál va a ser su política con respecto al agua, si va a subir el recibo, si va a ser capaz de llegar a un acuerdo que sea lo menos gravoso para los vecinos”.
Por tanto, ha indicado que el alcalde de Toledo “tiene margen” para revisar los precios del agua.
Y ello porque el anterior equipo de Gobierno gestionó este contrato “con una política fiscal prudente y moderada que ha permitido el mantenimiento de los servicios públicos, con un Ayuntamiento saneado y bajando los impuestos”.
Por otro lado, IU-Podemos ha pedido recuperar la gestión directa del agua y de fiscalización exhaustiva del cumplimiento del contrato por los técnicos municipales.
