Albacete (EFE).- La Guardia Civil y la Policía Nacional han llevado a cabo una operación conjunta que se ha saldado con seis detenidos y la investigación de otras cuatro personas, acusados de explotación laboral a trabajadores extranjeros en situación irregular, a quienes cobraba hasta 8.000 euros y les obligaba a hacer jornadas de 12 horas.
En una nota de prensa conjunta, ambos cuerpos han informado de que la operación, denominada ‘Bismark-Pantene’ y en la que han colaborado la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Albacete, comenzó este verano.
Entonces, los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de una organización criminal que podía estar dedicándose a la explotación laboral de inmigrantes en situación irregular en Hellín (Albacete) y Sedaví (Valencia) que finalmente se ha saldado con seis detenidos y cuatro investigados.
En concreto, tienen entre 29 y 50 años de edad y son de nacionalidades rumana y marroquí.
Citaban a los ciudadanos extranjeros a horas intempestivas en un bar
Estas primeras informaciones apuntaban a que un individuo acudía regularmente a un bar de Hellín a horas intempestivas y citaba allí a ciudadanos extranjeros procedentes de diferentes provincias, a los que seleccionaba y distribuía en cuadrillas.
A continuación, miembros de la misma organización los repartían por diversas fincas agrícolas de la localidad, sin importarles que tuvieran documentación legal para residir o trabajar en territorio español.
Posteriormente, cuando los empresarios abonaban a las cuadrillas las horas de trabajo realizadas, este individuo retiraba a cada uno de ellos «una cantidad abusiva de dinero», con la cual se lucraba la organización.
Doce horas de trabajo al día, sin descanso semanal
Los miembros de la organización cobraban comisiones por gestionar el contrato, los desplazamientos, el alquiler del equipo necesario y el material de trabajo e imponían a los explotados doce horas en el campo sin posibilidad de descanso semanal.
También obtenían cuantiosos ingresos procedentes del alquiler de inmuebles en la localidad de Hellín, que posteriormente realquilaban a los trabajadores en unas condiciones de habitabilidad que los agentes han tildado de «pésimas».
Así, tras facilitarles domicilio y lograr su empadronamiento, la organización formalizaba contratos de trabajo falsos y altas fraudulentas en la Seguridad Social para una regularización por arraigo por la que cobraba entre 7.000 y 8.000 euros en efectivo.
En la fase final de esta operación conjunta, se realizaron tres registros: en Hellín (Albacete), en Sedaví (Valencia) y en Cieza (Murcia).
Intervenidos varios móviles y más de 7.000 euros en efectivo
En estos registros se intervinieron varios teléfonos móviles, material informático, contratos falsos y otra documentación que acreditaba la actividad delictiva, así como pruebas de la existencia de una contabilidad clandestina paralela, 7.275 euros en efectivo, diversos cheques nominativos y dos vehículos de alta gama.
Aunque hay seis detenidos por explotación laboral -que pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Hellín- y cuatro investigadas por su participación en estos hechos, no se descartan nuevas detenciones.
