Toledo (EFE).- Un grupo de familiares y amigos de los dos menores que aparecieron muertos en el vertedero de Toledo en diciembre de 2022 se han concentrado este jueves ante los juzgados toledanos, para pedir que no se cierre el caso, ya que entienden que su muerte no fue accidental sino que fue un asesinato.
En la concentración, convocada por Sociedad Gitana Española, los asistentes han expresado su protesta por el sobreseimiento provisional del caso dictado por el juzgado de Instrucción número 3 de Toledo, tras una pancarta en la que figuraba el lema «Esta administración respeta más a los animales que a los seres humanos».
El presidente de Sociedad Gitana Española, Sinaí Jiménez, ha justificado el acto de protesta por la situación «angustiosa» que están viviendo los padres de los dos menores, cuyos restos mortales aparecieron en el vertedero de Toledo entre los últimos días de 2022 y los primeros de 2023.
Los dos menores desaparecieron el 22 de diciembre de 2022 de Madrid, desde donde viajaron supuestamente a Toledo.
Jiménez ha hecho hincapié en la angustia de los padres, que no saben «quiénes fueron los que supuestamente asesinaron a sus hijitos».
En su resolución, el juez señaló que las investigaciones policiales concluyeron que la muerte de los menores se produjo de forma accidental, porque se habrían resguardado en un contenedor de basura a la hora en la que se lleva a cabo la recogida de residuos.
Reclaman un proceso «justo y con garantías»
Según el presidente de Sociedad Gitana Española, «no ha habido un proceso justo con todas las garantías, como sí ocurre en el 99 por ciento de todos los casos en España».
Ha aseverado que no ha habido un proceso «donde se practiquen todas las pruebas y se escuche a todos los testigos, que tienen datos e información».
Y ha añadido que tampoco se han practicado todas las pruebas que ha solicitado el abogado de la familia de Ángel y Fernando, los menores fallecidos.
«Es sorprendente que haya gente inocente en las cárceles solamente por sospechas y que aquí no se escuche a los testigos presenciales del edificio de Toledo de Santa Bárbara», ha apuntado el presidente de Sociedad Gitana Española.
El juez no ha escuchado a esos testigos, ha aseverado Jiménez, que ha opinado que si el juez escuchara a los testigos y se practicaran las pruebas que se han solicitado por la familia, además de otras que según Jiménez, tendría que haber solicitado de oficio el ministerio fiscal, están seguros de que el caso ya se hubiese resuelto.
«Estamos en contra de que este caso se cierre sin practicar las pruebas necesarias y pertinentes que la familia ha solicitado a través de su letrado, porque si escuchan a esos testigos presenciales y ven esos medios de prueba que existen dentro de la causa, seguramente iba a haber detenidos y no uno sino varios, tanto hombres como mujeres», ha sostenido.
Un edificio ‘okupa’ en Santa Bárbara
Jiménez ha apuntado que la familia entiende que la clave del caso está en el edificio de okupa del barrio de Santa Bárbara al que se dirigieron los menores cuando llegaron a Toledo, en el que estaban sus exnovias, como han mantenido testigos que no se han tenido en cuenta, y en el que estaban los autores «materiales e intelectuales» de su muerte.
A su entender, en ese edificio está la clave de la «muerte violenta» de los dos menores y ha defendido que todos los que estaban en ese inmueble el día de la desaparición tendrían que haber sido arrestados, porque seguro «que alguno habría dicho toda la verdad».
«Lo de que no podemos es permitir que esto se cierre en falso», ha reiterado Jiménez, que ha añadido que la familia de los dos menores hallados sin vida en el vertedero de Toledo simplemente pide «que los procesos judiciales sean iguales para todos», con independencia de factores como su color de piel o su economía.
