Madrid (EFE).- El Congreso de los Diputados ha aprobado, este martes, con una amplía mayoría de 288 diputados, la toma en consideración de la reforma del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, un texto pactado por el PSOE y por el PP que prevé reforzar los derechos sociales o ampliar competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales.
La iniciativa ha contado con los votos favorables del PP, PSOE, Sumar y PNV; Podemos y ERC se han abstenido; y Vox ha confirmado su rechazo, siendo el único grupo que ha votado que ‘no’ junto al diputado de Unión por el Pueblo Navarro.
El estatuto avanza en su trámite en la Cámara baja como ley orgánica, tras aprobarse, el pasado mayo, en las Cortes regionales, tras varios meses de negociaciones entre el populares y socialistas.
La sesión ha comenzado con la intervención del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el presidente del PP regional, Paco Núñez, y la portavoz del PSOE en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, que han defendido ante el Congreso la reforma del texto, que data de 1982.
La Comisión Constitucional, el próximo paso
Una vez tomado en consideración, el estatuto pasará a la Comisión Constitucional del Congreso, una instancia en la que se debatirá el fondo de la norma y los grupos podrán hacer modificaciones a través de enmiendas.
En este sentido, formaciones como Sumar o Podemos, que en el debate parlamentario han lamentado el carácter «bipartidista» del estatuto, han manifestado su intención de introducir modificaciones al estatuto, mientras que el PSOE se ha mostrado favorable a aprobarlas, si no contradicen el espíritu del acuerdo.
Una vez aprobada en esta Comisión, la norma volverá al pleno del Congreso para la votación final del texto, y de aprobarse, se remitirá al Senado.
En la Cámara alta, los senadores podrán introducir nuevas enmiendas y devolverlo al Congreso, vetarla o darle el visto bueno, en cuyo caso, el estatuto quedará aprobado de forma definitiva.
Con todo, se espera que su aprobación definitiva, se produzca antes del verano de 2026, aunque dependerá del ritmo de trabajo que lleve la Comisión Constitucional.
