Toledo (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la comarca de La Sagra (Toledo), que se ha saldado con la detención de catorce personas y la incautación de 10.967 plantas de marihuana, 83 kilos de cogollos preparados para su distribución y 400.000 euros en metálico.
En un comunicado de prensa, el Instituto Armado ha informado de que con la desarticulación de esta organización dedicada al cultivo indoor masivo y tráfico de marihuana en la comarca de la Sagra se han esclarecido un total de seis delitos de tráfico de drogas, 6 delitos de defraudación de fluido eléctrico y un delito de pertenencia a organización criminal.
Las investigaciones comenzaron en octubre de 2025, tras recibir informaciones de varias fuentes que apuntaban a la existencia de una organización, con varios chalets situados en varias localidades de La Sagra y que estarían cultivando marihuana masivamente.
Tras una investigación minuciosa y compleja, se identificaron a los principales miembros de la organización, su vinculación, además de las viviendas donde estarían los cultivos indoor y las personas que las cuidaban.
Registros simultáneos en ocho viviendas
En la madrugada del martes 27 de enero, agentes de la Guardia Civil de la Compañía de Illescas llevaron a cabo de manera simultánea ocho entradas y registros en viviendas de Illescas, Borox y Ugena y consiguieron desarticular al completo la estructura de la organización.
Junto con las 14 personas detenidas y la marihuana incautada, se han recuperado 400.000 euros en billetes de 50 y 100 euros, diferentes joyas y relojes de marca, teléfonos móviles, ordenadores y seis vehículos, dos de ellos de alta gama.
Durante la fase de explotación de la operación, la Unidad investigadora contó con el apoyo de las Unidades de Seguridad Ciudadana de Toledo y Albacete.
La Guardia Civil ha recordado que el cultivo de marihuana puede constituir un delito contra la salud pública sancionado con multa económica y penas de prisión de hasta 3 años, especialmente cuando existe destino al tráfico.
Además, ha señalado que los enganches ilegales a la red eléctrica constituyen un delito de defraudación de fluido eléctrico castigado con multa económica y pena de prisión de hasta 1 año, además de la correspondiente responsabilidad civil.
