Toledo (EFE).- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha registró 770 expedientes en 2025, de los que resolvió el 69 por ciento, según recoge la memoria del segundo año completo de funcionamiento de este órgano, que ha presentado este miércoles su presidente, Fernando Muñoz.
Durante su comparecencia, a petición propia, ante la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes regionales, Muñoz ha destacado que esta memoria confirma que desde su puesta en funcionamiento en noviembre de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno «ha transitado de la fase de implantación a la consolidación operativa».
De este modo, ha remarcado que en 2025 su acción de trabajo se ha centrado en «tres ejes prioritarios y fundamentales»: sede electrónica, cooperación con otros órganos y formación.
Tipología de las reclamaciones
De acuerdo con la memoria del pasado ejercicio, de los 770 expedientes abiertos se han resuelto 535, es decir, el 69 %; mientras que del 1 de noviembre de 2023 al 31 de diciembre de 2024 se recibieron 313 expedientes, con un índice de resolución del 78 %, lo que supone que en ese periodo se gestionaron 457 expedientes menos que en 2025.
Muñoz también ha indicado que el tiempo medio de resolución ha pasado de 55 días en los años 2023 y 2024 a 70 días el pasado año, «debido al aumento del volumen de trabajo y de la complejidad de los asuntos», lo que, a su juicio, pone de manifiesto que este órgano está creciendo no solo cuantitativamente, sino también desde el punto de vista cualitativo.
En cuanto a las resoluciones, ha desgranado que fueron estimadas 144 (frente a las 61 de 2024), desestimadas 97 (58 en 2024), archivadas 123 (69 en 2024) e inadmitidas 163 (43 en 2024) y que se contabilizaron 8 quejas (4 en 2024).
Procedencia geográfica
A su modo de ver, estas cifras reflejan «la eficacia» del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuya actividad se ha distribuido territorialmente en 112 expedientes en Toledo, 77 en Guadalajara, 44 en Albacete, 41 en Ciudad Real y 38 en Cuenca, mientras que el 60 % restante se ha repartido entre otros territorios fuera de la comunidad autónoma.
Además, el presidente de este órgano ha avanzado que se está trabajando en «un mapa cloroplético», que determinará, municipio a municipio, el número de reclamaciones y de qué tipo se ha presentado en cada localidad.
Atendiendo al perfil del reclamante, 710 fueron personas físicas (92 %) y 60 personas jurídicas (8 %) y destaca la participación del tercer sector, especialmente de organizaciones animalistas y medioambientales, así como el aumento de la participación de los cargos electos.
En cuanto a las materias, medioambiente concentra 410 expedientes, información municipal 161, urbanismo 77, contratación 21, empleo público 23, información económico-administrativa 16 y subvenciones e información jurídica aparecen «de una forma residual», con una reclamación en cada caso, ha señalado Muñoz.
Cooperación con otros órganos y formación
De igual modo, ha incidido en la importancia de la cooperación otros órganos garantes y, en este sentido, ha recordado que en mayo de 2025 se impulsó la Conferencia de Órganos Garantes de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública (COTAI), que Castilla-La Mancha presidió hasta el 31 de diciembre y que aporta criterios técnicos en materias como digitalización administrativa, protección de datos y estándares de publicidad activa.
En cuanto a la formación, ha concretado que el año pasado se llevaron a cabo cinco jornadas provinciales que reunieron a 345 participantes, entre cargos electos, secretarios-interventores y técnicos municipales, además de talleres participativos y casos prácticos, con el objetivo de dotar a las administraciones locales de criterios operativos sobre portales de transparencia, gestión documental y tramitación del derecho de acceso.
Grupos parlamentarios
Por su parte, los grupos parlamentarios han destacado el trabajo que desarrolla el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desde su puesta en funcionamiento.
El presidente del grupo socialista, Ángel Tomás Godoy, ha subrayado que «en muy poco tiempo» se ha consolidado como una institución «útil» y «rigurosa», además de «independiente» y «plenamente operativa», y ha asegurado que la memoria de 2025 refleja una mayor confianza en este organismo, un mayor conocimiento de la ciudadanía sobre el derecho a la información pública y una mayor capacidad de respuesta y resolución por parte del Consejo.
De su lado, el diputado del PP Santiago Serrano ha hecho hincapié en que el mayor porcentaje de los expedientes se dirigió «contra las entidades locales», que son «la administración más cercana», pero también la que tiene «menos recursos humanos y materiales», al tiempo que ha resaltado la necesidad de abordar el reto de la Inteligencia Artificial para aumentar la eficacia y eficiencia de este órgano.
En la misma línea, el diputado de Vox Francisco Cobo ha apuntado que la mayoría de las resoluciones (664, el 86 %), se dirigieron «contra los ayuntamientos», donde la situación de los secretarios y técnicos es «muy deficiente» y «no hay capacidad económica», a la vez que ha apostado por elaborar «un ranquin municipal», que permita identificar municipios reincidentes, temas recurrentes e incumplimientos reiterados.
