Valladolid (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este miércoles que su posición sobre la violencia de género es “clara, meridiana y tajante”.
Así lo ha subrayado el presidente autonómico a los periodistas, preguntado en las Cortes por si comparte las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), que ayer cargó contra las mujeres “desalmadas” que “instrumentalizan” la ley de medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia de género para obtener ventaja en sus procesos de divorcio.
“Mi posición es clara desde hace muchos años y no ha cambiado”, ha zanjado el presidente de la Junta, sin entrar a valorar las declaraciones de su vicepresidente, que ha asegurado, también en palabras a los periodistas, que Mañueco no le ha pedido ningún tipo de explicación por sus declaraciones ayer en el pleno.
Ya al término de la sesión plenaria, el presidente de la Junta ha subrayado de nuevo en declaraciones a los medios que él es una persona que “apuesta por el diálogo, la moderación y el entendimiento”.
“Esto es un proyecto común y global y yo soy el presidente del Gobierno de Castilla y León”, ha apostillado Mañueco sobre si condena las palabras de su vicepresidente.
Pleno con menos tensión
En un Pleno menos tenso que el anterior, también ha habido cabida para las duras discrepancias y reproches, como los habidos en materia de transparencia, en concreto con el cumplimiento de la sentencia del TSJCyL sobre los datos de fallecimientos en residencias privadas, y sobre el futuro de la financiación de Castilla y León Televisión.
Sobre el primer asunto, los grupos parlamentarios del PP y Vox han votado en contra de una propuesta promovida por el PSOE y Cs para dar cumplimiento a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sobre la publicación de los datos relacionados con los fallecimientos registrados en las residencias privadas, municipales y provinciales de la Comunidad durante la pandemia de covid.
Ha sido el representante de Cs, Francisco Igea, quien ha defendido ante el Pleno de las Cortes una moción en materia de transparencia que inicialmente no incluía esta demanda sobre la sentencia del TSJ, pero que finalmente ha sido incorporada a instancias de una enmienda del PSOE, que también ha pedido datos sobre las circunstancias en que se produjeron los traslados o no traslados de residencias a hospitales en los peores momentos de la pandemia.
La iniciativa contaba en total con doce puntos, diez propuestos inicialmente por Igea y los otros dos a instancias del socialista Luis Briones, y han sido votados por separado para conocer lo que pensaba cada grupo en cada una de las propuestas y saber, en palabras del representante de Cs, si Vox es “la derechita valiente” o “los camareros serviles del PP” en materia de residencias de mayores y covid.
En todas las votaciones se han mantenido dos bloques, con 44 noes sumados por los 31 procuradores del PP y los 13 de Vox, frente a los 37 síes a la propuesta que han agregado los 28 representantes del PSOE, los seis del Grupo UPL-Soria Ya, y los tres del Grupo Mixto (Unidas Podemos, Cs y Por Ávila).
Igea ha recordado que la sentencia del TSJ avala lo que defendió la Consejería que dirigía en la anterior legislatura, pero que no consiguió que la Consejería de Familia y la Junta en su conjunto aceptara, en el sentido de que “la Ley de Protección de Datos no está por encima de la publicación de la información” de interés público, como es el caso del fallecimiento de personas durante la pandemia.
En este sentido, Igea ha pedido a Vox que muestre si son “tan fieles a la Justicia” como dicen ser y ha lamentado que en su exposición, el procurador Javier Teira (Vox) no haya aclarado en su intervención lo que pensaba de los puntos concretos de la moción.
Pero el representante de Vox ha intervenido en el Pleno antes de que el PSOE promoviera la enmienda sobre la sentencia del TSJ y las residencias y posteriormente no ha pedido la palabra para posicionarse sobre la modificación de la propuesta inicial.
En el caso del procurador del PP Raúl Hernández sí ha tenido la oportunidad de referirse a las enmiendas del PSOE, pero no lo ha hecho y se ha centrado en defender el no de su partido a los diez primeros puntos, bajo el argumento de que “o bien se están realizando ya o no se pueden realizar por motivos técnicos o jurídicos”, y ha asegurado que el propósito de la Junta es “seguir cumpliendo con la transparencia”.
Choque con la televisión RTVCyL
Por otra parte, las Cortes de Castilla y León han rechazado, con los votos en contra de los Grupos Popular y Vox, una iniciativa del PSOE que pedía instar a la Junta a estudiar la revisión de la orden que establece una prórroga de quince años en la duración de la licencia para Radio Televisión de Castilla y León (RTVCyL) y a cesar con carácter inmediato su financiación a través de subvenciones.
El encargado de defender esta iniciativa ha sido el propio portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, que ha reconocido que esta proposición no de ley “tendrá un coste”, de ahí que lo asuma “él mismo”, aunque ha asegurado que “merecer el odio de los que envenenan al pueblo” será para él “una honra”.
Según la iniciativa socialista, presentada tras la denuncia expresada por los trabajadores de RTVCyL por medio de los sindicatos, en la que mostraban sus quejas por las condiciones laborales y acusaban a la dirección de informativos de “manipulación”, se ha “roto el compromiso alcanzado por consenso” en relación a RTVCyL, ha argumentado Tudanca.
Respecto a la manipulación informativa denunciada, Tudanca ha subrayado que “la situación no es nueva”, y ha recordado que en 2018 se puso de manifiesto la existencia de una trama corrupta en la que estaría implicado el empresario José Luis Ulibarri, “propietario de un importante grupo de comunicación y de la mitad de RTVCyL”.
Como ha recordado el socialista, RTVCyL recibe más de 20 millones de euros al año como concesión directa aprobada por el Consejo de Gobierno, por lo que “esta televisión privada sobrevive casi exclusivamente por la financiación pública” y esa situación, según Tudanca, incide directamente en la imparcialidad del medio.
En contra de esta iniciativa se han posicionado los grupos PP Vox que, aunque hayan diferido en sus argumentos, han coincidido en votar contra estas medidas.
Como ha explicado el portavoz adjunto del Grupo Popular Ángel Ibáñez, el PP vota en contra de esta medida porque ello supondría poner en riesgo a las 350 familias que dependen de las ayudas que el PSOE quiere cortar a la empresa para la que trabajan.
Asimismo, Ibáñez ha criticado la “incoherencia, frivolidad e hilaridad” de esta iniciativa, ya que asume como ciertas las críticas de un sindicato, pondrían en peligro la continuidad de 35 trabajadores y, finalmente, es el PSOE el encargado de defender esta medida mientras que, a nivel nacional, han puesto de fiscal general a una exministra, controlan el CIS, han echado al director del INE “porque no les gusta sus estadísticas” y han puesto a una “comisaria política” el frente de RTVE a la vista de las elecciones.
Por su parte, desde Vox, el procurador Francisco Javier Carrera ha asegurado que su formación está trabajando en “cambiar el modelo” de televisión autonómica, pero “desde la responsabilidad” y ha criticado el montante que se destina a nivel nacional, 1.127 millones de euros, según él, a financiar las televisiones autonómicas, cuando ese dinero podría destinarse a “necesidades sociales”.
“No podemos tapar un agujero para hacer otro más grande”, ha concluido Carrera, que ha defendido un modelo en el que los gestores de RTVCyL “busquen el camino para hacer rentable su negocio sin depender de las ayudas”. EFE
Por Adrián Arias y Óscar R. Ventana
Edición web: Óscar R. Ventana
