Valladolid (EFE).- La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el límite de gasto no financiero para 2023 -techo de gasto-, con 12.470 millones de euros, el 13,57 por ciento más que el último vigente, el de 2021, mientras que supone un incremento del 7,3 por ciento respecto al último límite aprobado en las Cortes para el actual 2022, aunque en este caso no llegó a entrar en vigor al no aprobar los presupuestos y adelantar las elecciones.
Lo que más crece, según ha explicado el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, son los fondos europeos, que suben un 62 por ciento, incluidos los de la PAC, y que pasan de 1.223,28 a 1.985,94 millones -762,6 millones más-, aunque también contribuye al incremento la buena evolución de la recaudación de impuestos, con un aumento del 21,57% al pasar de los 984,7 millones de 2021 a los 1.197,1 previstos para 2023.
La otra partida que incrementa hasta un 20,38 por ciento es la procedente del modelo de financiación autonómica, al pasar de los 6.758,85 millones a los 8.136,22 millones previstos para el próximo año.
En el lado contrario de la balanza, Carriedo ha destacado que desaparece el denominado ‘fondo covid’, lo que implica una merma del 30,74 por ciento en las transferencias procedentes del Gobierno central, al pasar de los 1.368,42 millones de 2021 a los 947,73 millones notificados para 2023 -unos 420 millones menos-.
Acuerdo PP-Vox
Sobre el necesario acuerdo entre el PP y Vox para sacar adelante el proyecto de ley, Carriedo ha indicado que comparten “los fines” de los presupuestos, aunque “queda siempre por definir matices y alguna cifra concreta”, con el convencimiento de que se pondrán “de acuerdo” pese a remarcar que son “dos partidos distintos” que coinciden “en muchas cosas” pero discrepan en otras que darían “para un monográfico”.
“Queda siempre por definir matices y alguna cifra concreta”
Fernández Carriedo, sobre las negociaciones presupuestarias entre PP y Vox
La idea es que este límite de gasto no financiero sea remitido mañana mismo a las Cortes de Castilla y León, para que pueda ser aprobado en el próximo Pleno, a finales de octubre, y que “inmediatamente” después pueda ser aprobado por la Junta el proyecto de ley de presupuestos para 2023, en unos ajustados plazos parlamentarios para que pueda entrar en vigor el 1 de enero.
En el caso de las cifras macroeconómicas en que se apoyan estas cuentas, Carriedo ha explicado que la Junta prevé un crecimiento económico del 1,6 por ciento, “más creíble” en su opinión que el incluido por el Gobierno a nivel estatal, por el “deterioro” en la evolución, aunque con la expectativa de seguir en crecimiento, lo que permitirá también reducir la tasa de paro, según las previsiones presentadas por el consejero.
En concreto, la idea es que frente al 10,3 por ciento de tasa de paro prevista para el cierre de 2022, Castilla y León rebaje dos décimas este registro y deje establecido el dato en el 10,1 por ciento, con una previsión de crecimiento del empleo medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo empleo del 2,3 por ciento, inferior al 2,7% esperado para el cierre de 2022.
Esfuerzo “muy importante” en reducir el déficit
Por último, Carriedo ha defendido que Castilla y León va a acometer en 2023 un “esfuerzo muy importante” en la reducción del déficit público, al pasar del 0,8 por ciento del PIB al 0,3 por ciento, cinco décimas como primer paso para lo que la Junta espera para los siguientes ejercicios en materia de estabilidad presupuestaria demandada por la Unión Europea.
En este sentido, el consejero ha recordado que como consecuencia de la pandemia las reglas de gasto y limitaciones de déficit fueron suspendidas a nivel comunitario como fórmula de apoyo a las economías, pero ha dado por hecho que en los años 2024 y 2025 la UE retomará ese escenario de limitación de déficit.
Estos 12.470 millones de euros son el techo más alto desde que el Ejecutivo autonómico calcula esta magnitud, que sirve de referencia para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad y que en este ejercicio no eran de obligada aprobación previa, al estar suspendidas las reglas de estabilidad financiera de la UE.EFE
Óscar R. Ventana
