Valladolid (EFE).- La Comunidad de Castilla y León dispondrá de oficinas de información y asesoramiento antiocupación de viviendas en las nueve provincias, tras detectar un aumento del fenómeno de la ocupación, ya que en 2016 se contabilizaron 125 denuncias y en 2021, año de la última estadística conocida, 205.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha firmado este viernes con el presidente del Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, Ángel Merino, un convenio para la implantación de estas oficinas.
Suárez-Quiñones ha expuesto en rueda de prensa que se trata de situaciones que generan alarma social y que han supuesto un crecimiento de denuncias por unos hechos delictivos que pueden suponer usurpación o allanamiento de morada, en ambos casos infracciones penales.
Amparar a los perjudicados, prevenir y atacar estas conductas
Amparar a los perjudicados, prevenir y atacar estas conductas constituyen los objetivos de las oficinas antiocupación, que ya comenzarán a funcionar desde el próximo 22 de mayo.
El consejero, quien ha detallado que en España se registraron cerca de 10.000 denuncias de ocupación en 2016 y 17.000 en 2022, ha explicado que la puerta de entrada a las nuevas oficinas desde el punto de vista telefónico será el número 012.
A través de ese teléfono se podrá disponer un requerimiento de actuación mediante personal especializado, incluida una posible denuncia de los hechos a los Cuerpos de Seguridad del Estado o locales para el caso de personas que, por falta de recursos personales, exijan esa actuación.
Información, asesoramiento y apoyo
La iniciativa se centra en dar información, asesoramiento y apoyo para que quienes sufran de forma directa o indirecta la ocupación no se encuentren solas y estén amparadas por esta red de oficinas que se encontrarán de forma presencial en las sedes de las Cámaras de la Propiedad Urbana de cada provincia.
Además se compartirá información a través de la web, tanto de las Cámaras como de la Junta, un servicio que previsiblemente comenzará a funcionar desde el próximo viernes.
Suárez-Quiñones ha subrayado que las personas que sufran la ocupación en la Comunidad podrán estar auxiliadas por este conjunto de oficinas, de manera que sientan que su derecho constitucional tiene una plasmación real, no sólo formal.
Ángel Merino ha especificado que las Cámaras cuentan con un largo camino en materia de asesoramiento y disponen de un equipo de abogados “muy buenos” que colaboran con el Consejo.
Vigencia prorrogable de cuatro años
El convenio suscrito hoy tendrá una vigencia prorrogable de cuatro años y, mediante las oficinas, se facilitará el conocimiento de los procesos judiciales que se pueden abrir y toda la información jurídica necesaria completa, además de efectuar un seguimiento de cada actuación, de si hay intervención policial o si hay asignación de letrado, con un expediente para cada supuesto, ha agregado el consejero.
Ha situado la firma de este acuerdo en la vinculación de todos los poderes públicos con la protección y garantía de los derechos reconocidos en la Constitución, entre ellos el derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 33, y sobre el que el fenómeno de la ocupación representa un ataque frontal a los derechos y principios constitucionales, ante el que los poderes públicos no pueden permanecer pasivos.
Cámaras y Junta se han comprometido a la recogida de datos de este fenómeno ilegal a fin de configurar datos estadísticos que sirvan para conocer la realidad de los hechos en la Comunidad y servir de orientación para las actuaciones de ambas instituciones en la materia. EFE
