Madrid/León (EFE).- La Audiencia Nacional ha impuesto penas de entre 4 y 8 años y medio de inhabilitación a 6 de los 8 acusados en el juicio sobre el despliegue de la trama Púnica en León por un delito continuado de prevaricación, entre ellos al expresidente de la Diputación Marcos Martínez Barazón, mientras que ha absuelto a todos de los delitos que conllevaban pena de cárcel.
La segunda sentencia del caso Púnica, que estalló hace más de 8 años, absuelve a los 8 acusados de los delitos continuados de fraude a la Administración, falsificación en documento mercantil en concurso con malversación y cohecho de los que les inculpaba la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular ejercida por Adade.
Inhablitación de ocho años y medio
El tribunal ha condenado a 8 años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación a Martínez Barazón, actual alcalde de Cuadros; al excoordinador general de la Diputación y alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, y al exinterventor de la Diputación Manuel Jesús López Sánchez, a quienes aplica la atenuante de dilaciones indebidas.
Tanto Martínez Barazón como Sánchez fueron reelegidos el pasado domingo alcaldes de sus respectivos municipios.
Al informático y consultor Alejandro de Pedro, la Sala le condena a la pena de cuatro años y tres meses de inhabilitación, mientras que absuelve a José Antonio Alonso Conesa, socio del anterior en las empresas Madiva y EICO, así como a la trabajadora de estas compañías Guadalupe Caballero, al igual que ambas mercantiles.
Contratos de reputación personal
Esta rama del caso Púnica ha girado en torno a los contratos de reputación personal online acordados por la Diputación de León para la que fuera su presidenta Isabel Carrasco, que fue asesinada en mayo de 2014, y su sucesor Martínez Barazón, así como otros contratos.
En este procedimiento se han investigado los contratos de reputación personal online acordados por la Diputación de León para la que fuera su presidenta Isabel Carrasco y su sucesor Martínez Barazón, así como otros adjudicados a las empresas del consultor Alejandro De Pedro.
Irregularidades
El Tribunal considera probado que De Pedro, en connivencia con el acusado Martínez Barazón, presidente de la Diputación durante los meses de junio, julio y agosto y septiembre de 2014, llevaron a cabo un procedimiento administrativo irregular que se seguía en citada institución provincial para la adjudicación de la publicidad institucional.
“Con este procedimiento de aprobación de las facturas, de una periodicidad mensual todas ellas, de similares importes, y en todo los casos, menores de 6.000 euros, tramitadas de urgencia, sin que ello fuera necesario, se infringía de forma clara y patente la normativa establecida en la Ley de Contratos del Sector Público”, destaca la sentencia.
Todo ello, prosigue, “sin tener que acudir a un sistema de contratación adecuado y pertinente, esto es, a un contrato abierto o negociado, como contrato permanente que era, con las exigencias legales de licitación y ofertas que llevaba consigo, evitando así también que otros medios de comunicación pudieran optar y acceder a la publicidad institucional de la Diputación y eludiendo igualmente un control más riguroso y exhaustivo”.
Por el contrario, la Sala considera que no ha quedado acreditado que los servicios de reputación online ni de posicionamiento SEO realizados por la empresa EICO On Line se hubieran realizado en favor y en beneficio personal ni de Isabel Carrasco ni de su sucesor en la Presidencia de la Diputación.
Para el Tribunal, tampoco ha quedado probado que las facturas giradas por MADIVA no correspondieran a trabajos efectivamente realizados, ni que no se hubieran prestado los servicios de publicidad institucional, ni que bajo el concepto que figuraba en las mismas (inserción de banners publicitarios Diputación de León) se hubieran satisfecho de forma encubierta trabajos de reputación personal u otros de asesoramiento político para los presidentes de la institución.
Sin acreditar
Tampoco considera acreditado que tales trabajos se hubieran encargado a EICO On Line como contraprestación a que los acusados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, especialmente este último, influyeran de alguna forma en que dichos presidentes pudieran acceder a otros cargos públicos, bien dentro del partido político al que pertenecían o dentro de la provincia de León o de la Comunidad Autónoma.
El juicio por la pieza leonesa de la trama Púnica quedó visto para sentencia el pasado 23 de febrero y en sus conclusiones finales la Fiscalía Anticorrupción mantuvo las penas que reclamaba -entre 8 y 3 años y 5 meses- al considerar que los expresidentes de la Diputación de León Isabel Carrasco -asesinada en 2014- y Marcos Martínez Barazón instituyeron una red de contratación paralela que dañó notablemente a esta institución.
Anticorrupción sostuvo que en abril de 2012 De Pedro y Alonso Conesa “captaron como cliente” a la entonces presidenta de la Diputación de León y, tras su asesinato en 2014, a su sucesor, Marcos Martínez Barazón, para mejorar su imagen pública a través de las empresas EICO y Madiva.
Imagen
El objetivo inicial, según la Fiscalía, era que EICO limpiase la reputación de Carrasco en las redes sociales y difundiese una imagen suya positiva para neutralizar noticias sobre su supuesta implicación en casos judiciales y denuncias de supuesta corrupción, todo ello a cargo del presupuesto de la Diputación, cuyos organismos de contratación ni siquiera conocían estos servicios.
Según el ministerio público, cuando Martínez Barazón llegó a la Presidencia de la Diputación tras el crimen de Isabel Carrasco se concertó “un nuevo plan” para que las empresas de la trama le construyesen una imagen positiva ante los ciudadanos leoneses, trabajos que “fueron abonados de forma irregular”.
La Fiscalía incidió en que la obsesión de Martínez Barazón era ser presidente del PP de León y “estaba dispuesto a pagar lo que fuera” y subrayó que le prometió a De Pedro y Alonso la adjudicación de varios contratos públicos a cambio de que intercediesen ante los órganos del PP nacional. EFE
