Valladolid (EFE).- El Comisionado para la Transparencia de Castilla y León ha reclamado este jueves cambios legislativos para contar con poder ejecutivo a la hora de hacer cumplir “de manera forzosa”, mediante “multas coercitivas”, las resoluciones que emite cuando una administración incumple su deber de transparencia ante una demanda de la sociedad.
El comisionado y Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha reiterado este planteamiento ante la Comisión de Relaciones de las Cortes con esta institución, tras presentar el informe sobre el pasado año, donde se observa un ligero avance en materia de cumplimiento, pero todavía “tres de cada diez resoluciones estimatorias dictadas en 2022 no habían sido aún cumplidas por los entes destinatarios”.
Para Quintana, el cumplimiento efectivo de las resoluciones es una “cuestión de especial trascendencia” porque, al tratarse de un proceso sustitutivo de los recursos administrativos, los ciudadanos deben tener la seguridad de que, cuando tienen razón, las administraciones cumplen con lo ajustado a la normativa en materia de transparencia.
“Entendemos que deberían ser ejecutivas y, por ello, poder llevarse a efecto de manera forzosa cuando fuera necesario, para lo que sería preciso realizar una reforma legislativa que permita el empleo del medio de coacción más adecuado, como son las multas coercitivas, como medio de ejecución forzosa para exigir el cumplimiento de las resoluciones de la Comisión de Transparencia”, ha planteado.
Según el informe presentado por Quintana, de las 262 resoluciones emitidas en 2022 a fecha 15 de julio de 2023 eran 47 las que aún no han sido objeto de cumplimiento, por lo que son publicadas en la web del Comisionado de Transparencia y se reflejan en la Memoria, lo que resulta insuficiente en su opinión como fórmula coercitiva para conllevar a su cumplimiento.
En palabras de Quintana, cuando una administración no atiende la legítima reclamación de un ciudadano a la transparencia institucional “se frustra el derecho de acceso y, por ende, la propia función de garantía de la Comisión”, por lo que habilitar la posibilidad de imponer multas coercitivas “puede ser una solución viable para, por un lado, dotar de mayor efectividad el derecho a saber que se reconoce a los ciudadanos y, por otro, permitir que el trabajo que desarrolla la Comisión de Transparencia sea más efectivo”.
De hecho, Quintana ha reivindicado el derecho que tienen los ciudadanos de recurrir finalmente a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para hacer valer su derecho y ha explicado que en 2022 hubo tres sentencias que han resuelto otros tantos recursos interpuestos frente a tres resoluciones dictadas por la Comisión de Transparencia, en todos los casos “confirmatorias de las posiciones” adoptadas por el Comisionado.
Siete años de trayectoria
Desde que hace siete años se constituyó esta institución como garante del cumplimiento de la normativa de Transparencia, Quintana ha recordado que en 15 de los 16 casos que han acabado en los tribunales de Justicia, los jueces han dado la razón al Comisionado en su reclamación ante las administraciones.
Quintana ha expresado su convicción de que la transparencia es un “pilar fundamental” de las sociedades democráticas, por lo que ha pedido profundizar en los pasos dados en la década de vigencia de este camino en España para “interiorizar completamente la idea de que la actuación de los entes públicos” se debe desarrollar “con absoluta transparencia”.EFE
