Valladolid (EFE).- Mujer joven, con menores a su cargo y especialmente ubicada en el medio rural es el perfil de la persona pobre en Castilla y León en 2022, en una Comunidad con 170.830 castellanoleoneses en situación de pobreza severa en ese año, el 7,2 por ciento de su población y un 0,4 por ciento más que en el 2021, con un indicador que lleva creciendo tres años consecutivos.
Esos son algunos de los datos del XIII informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) sobre el estado de la pobreza en Castilla y León, del que hubo un adelanto en mayo y que se ha presentado en su totalidad este martes en Valladolid coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Aún no se han recuperado los datos prepandemia
El informe indica que todavía no se ha vuelto en la Comunidad a los datos que había en el 2019, antes de la covid, en cuanto a menor pobreza y exclusión, aunque se avanza poco a poco en esa recuperación; recoge que la situación en Castilla y León es mejor que en otros territorios y aún no contempla el efecto que ha podido tener el aumento de la inflación ya que se ha hecho con los indicadores de renta del 2021.
Preocupa, según ha trasladado en la presentación del informe el presidente de la EAPN en la Comunidad, Óscar Castro, esos tres años consecutivos de aumento en el indicador de la pobreza severa, que en el 2022 sólo aumentó además en el País Vasco y Navarra, con descensos en el resto.
Los datos indican que hay más de 9.000 personas más en situación de pobreza severa en la Comunidad que en 2021, que supone que una persona que viva sola tiene que sobrevivir con menos de 530 euros al mes.

523.805 personas en riesgo de pobreza
La tasa AROPE de la Comunidad, que mide los ciudadanos en riesgo de pobreza o exclusión, se situó en el 2022 en el 22,1%, esto es 523.805 personas, un punto porcentual menos que un año antes, que supone que 27.000 personas salieron de esa situación, con una menor recuperación que la nacional que fue del 1,8 por ciento de descenso, que dejó a Castilla y León con la novena menor tasa autonómica.
La tasa AROPE, que fue del 26 por ciento en España en el 2022, osciló entre el 14,5 por ciento de Navarra, con un 15,7 en el País Vasco, y el 41,3 de Melilla. Castilla y León se mantuvo en la novena posición con ese 22,1 por ciento, que en términos de personas suponen el 4,4 por ciento menos que en el 2021.
Valencia, con un 10,3 por ciento menos de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, fue la que más mejoró en el último año.
La Tasa Arope, un indicador propuesto por la Unión Europea, tiene en cuenta el porcentaje de personas que residen en hogares con carencia material y social severa; el porcentaje de población en riesgo de pobreza; y el porcentaje de personas en situación de baja intensidad en el empleo, ha recordado Jonathan Sánchez, coordinador de la EAPN en la Comunidad en la presentación del informe.

La tasa ha mejorado en Castilla y León por un descenso de las mujeres que hay en riesgo de pobreza y exclusión social en la comunidad, posiblemente por su incorporación de nuevo al mercado laboral que dejaron por la covid, ha analizado Sánchez.
Tener hijos menores, un factor de riesgo de pobreza
Con todo, son un 22,9 por ciento las mujeres en riesgo de pobreza y exclusión en la Comunidad, frente al 21,2 por ciento de los hombres, con otro factor de riesgo que influye en la pobreza tanto a nivel autonómico como nacional, el de tener hijos menores.
La tasa AROPE de los hogares con menores (23,9 %) sigue siendo más elevada que allí donde no los hay (20,7 %) en Castilla y León.
Otro factor de riesgo es ser menor de 18 años, con un 28,7 por ciento de personas en ese tramo etario en riesgo de pobreza y exclusión en la Comunidad, frente al 9,8 de mayores de 65 años, aunque con un descenso de tres puntos porcentuales respecto al 2021.
También las zonas rurales tienen una tasa AROPE mayor que las urbanas en la Comunidad, con un 24,4 y un 20,9 por ciento respectivamente, una diferencia que ha crecido este 2022.
El riesgo de pobreza afecta a 421.000 personas, 223.000 mujeres
En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza fue del 17,8 % en el 2022 en la Comunidad, que se traduce en unas 421.000 personas pobres, de las cuales unas 223.000 son mujeres y 198.000 son hombres, con un descenso de una décima que indica que el dato permanece estable.
Otra cuestión estructural que afecta a la generación de pobreza es la vivienda, que en el caso de Castilla y León indica que el 34,7 % de la población pobre tiene gastos de vivienda superiores al 40 % de su renta disponible, sin embargo, entre las personas no pobres la cifra se reduce drásticamente hasta el 0,9 %.
El informe recoge además que la renta media en Castilla y León fue de 13.232 euros por persona y de 19.117 por unidad de consumo, datos similares a los del conjunto nacional, sin embargo, tanto en términos absolutos como relativos, este año han tenido un incremento inferior a las del país, ya que la renta media por unidad de consumo se incrementó en 1.057 euros y en 667 la de persona.
80.000 personas deberían haber salido del riesgo de pobreza
El informe recoge que aunque la Comunidad ha mejorado “tímidamente respecto a 2015, se aprecia una desviación de unas 80.000 personas que ya deberían haber salido de la situación de riesgo de pobreza y/o riesgo de exclusión para así poder cumplir con los objetivos señalados en la Agenda 2030”.
Además, el informe de la EAPN indica que en Castilla y León las pensiones por jubilación “juegan un papel esencial en la contención de la pobreza y la desigualdad”.
“Su tasa de pobreza aumentaría en 5,3 puntos porcentuales si sólo existiesen las pensiones por jubilación y supervivencia, si no hubiese ningún tipo de aportación pública, más de dos quintas partes de la población castellanoleonesa (43,8 %) estaría en riesgo de pobreza (+26,0 p.p.)”, analiza el informe.
Y en la misma línea ocurriría con las personas en pobreza severa, “que aumentaría en 4,5 puntos si sólo hubiese pensiones y en 26,0 puntos de no producirse ningún tipo de transferencia pública. La continuidad de estas diferencias a lo largo de los años refleja la importancia que juega el Estado en su papel redistributivo, y, en casos como el de esta comunidad autónoma, en buena medida a través de las pensiones por jubilación”.
IMV y Renta de Ciudadanía complementarias
En cuanto a las medidas que se plantean para reducir la pobreza y exclusión en la Comunidad, el presidente de la EAPN en la Comunidad ha demandado servicios sociales más accesibles y con mayores recursos; que el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía sean complementarios; promoción de las políticas activas de empleo; un acceso mas equitativa a la atención médica, sobre todo en el medio rural, y medidas para superar la brecha digital o asegurar una vivienda.
Castro ha incidido en que ello requiere una política fiscal equitativa, justa y solidaria y que la pobreza no se oculte, culpando a las personas por ser pobres, lo que alimenta discursos aporafóbicos.EFE