Valladolid (EFE).- El límite de gasto no financiero, también llamado techo de gasto, ha experimentado una evolución en Castilla y León desde que se aprobó formalmente por primera vez para 2012, con una diferencia global de 3.362 millones, entre los 9.108 millones fijados para ese primer ejercicio y los 12.470 millones de 2023, lo que implica un incremento de casi el 37 por ciento.
La Junta de Castilla y León prevé aprobar mañana en la reunión del Consejo de Gobierno el techo de gasto para 2024 y ya ha anticipado que la cifra supondrá nuevamente el máximo del histórico autonómico, algo que ha ocurrido en las sucesivas aprobaciones desde 2015, mientras que con anterioridad, entre 2012 y 2014 se registraron disminuciones respecto a los años anteriores.
En este tiempo, la media de incremento anual en el techo de gasto ha sido de unos 280 millones de euros, con la referencia de los doce ejercicios presupuestarios desarrollados, incluidos los años en los que el presupuesto público de Castilla y León se ha regido por la prórroga de los anteriores, lo que ocurrió en 2019, 2020 y 2022, en este último caso como consecuencia de la ruptura entre el PP y Cs justo antes de aprobar los Presupuestos en las Cortes.
De hecho, este trámite que se completará mañana servirá para que el techo de gasto sea debatido y votado la próxima semana en las Cortes de Castilla y León, con el previsible apoyo al menos de PP y Vox, lo que asegura su aprobación y que el Ejecutivo pueda presentar en los días posteriores el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024.
El techo de gasto, año a año
El recorrido de la Junta de Castilla y León en la aprobación de los techos de gasto arrancó en el ejercicio 2012, con una cuantía fijada en los 9.108 millones de euros, el 6,2 por ciento inferior al equivalente del año 2011, cuando aún no era preceptivo llevar al Parlamento esta limitación presupuestaria.
En los siguientes años, aún condicionados por la crisis financiera de 2007 y 2008, las cuentas públicas de Castilla y León llevaron a la Junta seguir en una tendencia descendente al establecer el límite de gasto no financiero, que con 8.726 millones bajó el 4,2 por ciento en 2013 y con 8.614 millones descendió el 1,3 por ciento en 2014.
Por primera vez, en 2015 la Junta presentó un techo de gasto ligeramente superior al del año anterior y lo estableció en los 8.791 millones de euros, el 0,72 por ciento por encima del año anterior, un crecimiento porcentual que repitió en el año siguiente (2016) hasta elevar la cifra a los 8.886 millones.
Mayor fue el incremento para 2017, el año en el que la Junta de Castilla y León superó la cuantía con la que en 2012 había iniciado este camino y alcanzó los 9.159 millones, el 2,8 por ciento más que en 2016.
El techo de gasto registró un nuevo incremento en 2018, hasta alcanzar los 9.575 millones de euros, el 3,54 por ciento más; mientras que en 2019 comenzó la etapa de las prórrogas presupuestarias por diversos motivos: la ausencia de la referencia de los Presupuestos del Estado, procesos electorales y la posterior irrupción de la pandemia de la covid.
Por este motivo, el siguiente techo de gasto fue el aprobado para 2021, cuando la Junta de Castilla y León dio un salto hasta los 10.980 millones de euros, que representaba un incremento del 14,6 por ciento en comparación con el último aprobado (2018) y que incluía la inyección económica que representaron los fondos estatales y europeos vinculados a la superación de la pandemia.
Al año siguiente, el techo de gasto fue aprobado en las Cortes de Castilla y León por un importe de 11.621 millones de euros, el 5,84 por ciento más que en el ejercicio anterior, pero este trámite quedó en suspenso al no aprobarse inextremis el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2022, ya que las negociaciones concluyeron con la ruptura del PP y Cs en el Ejecutivo autonómico y el adelanto electoral decidido por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.
Por este motivo, el límite de gasto aprobado para 2023 -el primero de la legislatura actual y del Gobierno de coalición entre PP y Vox- acumuló el crecimiento y alcanzó los 12.470 millones de euros, el 13,6 por ciento más que el vigente en 2021 -al no haberse aprobado las cuentas de 2022-.
Un poco de historia
Una de las consecuencias de la crisis financiera e inmobiliaria de 2008 fue el establecimiento en las administraciones públicas de límites de gasto para tratar de asegurar la estabilidad presupuestaria, bajo la premisa de la Unión Europea de no gastar por encima de lo ingresado.
Fue el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrero, y bajo el control de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, cuando comenzó en 2011 a hablarse de esta herramienta básica desde entonces para la posterior elaboración de las Cuentas públicas autonómicas.
“Implica adaptar la actividad pública a lo que razonablemente permita el ciclo económico, de modo que en periodos de declive como el actual no se pueda incurrir en un endeudamiento ilimitado”, comunicó entonces la Junta de Castilla y León, impactada aún en sus cuentas por la crisis económica, lo que llevó a iniciar este procedimiento con sucesivos descensos en el techo de gasto.
La intención era reforzar la solvencia de la Comunidad, lo que sirvió posteriormente para que Castilla y León se pudiera financiar sin sobresaltos en los mercados financieros, sin tener inicialmente que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y hasta el punto de conseguir en algún ejercicio que algunas operaciones de endeudamiento fueran positivas para las arcas autonómicas.EFE
