Valladolid (EFE).- La Fiscalía ha mantenido sobre la supuesta trama conocida como Perla Negra, por la que permanecen acusados exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios, que la finalidad de que Gesturcal tramitara la compra del edificio Soluciones Empresariales fue beneficiar a la empresa Urban Proyecta.
“La finalidad última de que el asunto del edificio pasara a Gesturcal -empresa pública- no era el interés público ni el ahorro de gastos, sino favorecer los intereses de la empresa Urban Proyecta”, ha sostenido la acusación pública al exponer su informe final en la Audiencia Provincial de Valladolid.
El juicio contra once personas se celebra por la supuesta comisión de irregularidades en la compra por parte de la Junta del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), inmueble conocido como la Perla Negra, y la adquisición de terrenos del proyectado parque empresarial de Portillo (Valladolid).
Para la acusación pública, el propósito fue beneficiar a determinadas mercantiles y a los particulares que las gestionaban.
La Fiscalía considera que los hechos en los que se cometieron supuestas irregularidades en la compra de la Perla Negra -sobrecoste de unos 20 millones de euros- y los terrenos de Portillo fueron propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, cuando era titular de la misma Tomás Villanueva, ya fallecido.
Los exaltos cargos podían haber presentado la dimisión
La representante del ministerio público ha considerado que si las órdenes sobre el edificio y el Polígono Empresarial de Portillo las daba Villanueva, como han sostenido alguno de los acusados, si no estaban conformes con ellas, los exaltos cargos encausados podían “haber dimitido” de sus puestos, “sencillamente”.
Ha mantenido que Urban Proyecta dispuso de información privilegiada, ya que contó con el pliego de condiciones para el concurso del edificio antes de su publicación en el Bocyl, un concurso al que sólo concurrió esa empresa y para el que se dio un plazo de quince días -menor del habitual-.
La Fiscalía reclama penas que oscilan entre once y cuatro años de prisión para los procesados y considera que se cometieron continuados de prevaricación, revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias; malversación de caudales públicos y violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias.
n el juicio, que se desarrolla por hechos ocurridos entre 2005 y 2011, la Junta de Castilla y León está personada como acusación particular y su representante ha sostenido este lunes que fueron ocultados datos al Consejo de Administración de Gesturcal.
Una operación ruinosa a todas luces
La abogada ha subrayado que Tomás Villanueva ya no tiene ocasión de defenderse en el juicio por su fallecimiento y ha insistido en que ni se pasaba documentación previa sobre la Perla Negra al Consejo de Administración de la empresa pública ni de los temas que se iban a tratar.
Esto es el mundo al revés”, ha resumido.
Sobre la compra de terrenos en Portillo para el Parque empresarial que no llegó a ejecutarse, ha considerado que, en connivencia con las empresas afectadas, se comprometieron cantidades millonarias y se causó un perjuicio a la Comunidad.
La operación del Parque de Portillo fue “ruinosa a todas luces”, en una época en la que ya estaba presente la crisis económica mundial y cuando ADE Parques -la empresa pública que lo compró- estaba “muy tocada financieramente”.
La Junta pide penas para ocho de los once encausados, que oscilan entre once años y cinco meses la más elevada, para el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, y nueve meses para cinco de los empresarios procesados.
Daño para todo el que es representado por una administración
El letrado del PSOE, personado como acción popular, ha establecido que las operaciones llevadas a cabo que ahora se juzgan, no sólo supusieron un perjuicio para las arcas de la Comunidad, porque el daño es para todo el que está siendo representado por una administración que recibe sus impuestos.
El PSOE pide penas de entre 13 y 4 años de prisión y acusa por delitos continuado de revelación de secretos en concurso con tráfico de influencias; prevaricación y malversación de caudales públicos y ha retirado la petición de condena por delitos de fraude a la administración, cohecho y organización criminal.
La sesión número 19 de la vista oral continúa con la exposición de los informes finales de las defensas, tras las ya llevadas a cabo por parte de las acusaciones.
El abogado del exviceconsejero de Economía: Villanueva planteó la compra de la Perla Negra
El defensor del exviceconsejero de Economía de Castilla y León Rafael Delgado ha asegurado este lunes que Tomás Villanueva, quien fuera consejero del mismo departamento, fue la persona que planteó la posible compra del inmueble conocido como Perla Negra atendiendo a la situación de mercado.
Así lo ha manifestado el letrado en la exposición de su informe final, en la que ha demandado la absolución, durante la sesión número 19 de la vista oral.
Delgado, quien se enfrenta a una petición de penas que suman once años de prisión por parte de la Fiscalía, no cometió ningún delito, ha sostenido su defensa, quien ha situado la decisión de Villanueva, ya fallecido, de comprar el inmueble en la estrategia política y económica de reducción de espacios administrativos -el uso del edificio se pensó para agrupar sedes de distintas áreas-.
Ninguna participación en la negociación
El abogado ha asegurado que la iniciativa de la posible compra del inmueble se trasladó al consejo de administración de la empresa pública Gesturcal -que compró el edificio- y Rafael Delgado “no tuvo ninguna participación en la negociación” para la adquisición.
Ha desglosado además las distintas tasaciones sobre el precio de Soluciones Empresariales y ha destacado que ocho de esos informes situaron el precio por encima de los 52 millones de euros en los que se compró y dos por debajo -ha negado así la existencia de sobrecoste-.
El letrado ha citado la comparecencia del procurador del PP Pablo Trillo en la comisión de investigación correspondiente de las Cortes autonómicas, en la que habló de sus conversaciones con el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sobre el inmueble y también su declaración en instrucción, donde dijo que había hablado con la consejería de Hacienda.
Herrera, Trillo y Pilar del Olmo -consejera de Hacienda en el momento de los hechos- “estaban informados de la adquisición del inmueble”, ha resumido.
Precio ajustado a derecho
En cuanto a la adquisición de los terrenos en Portillo, el defensor ha recalcado que Rafael Delgado no intervino en nada y ha considerado que los otros diez encausados tampoco cometieron delito alguno al respecto.
Ha argumentado que los peritos que han comparecido en el juicio han calificado como ajustado a derecho el precio al que se adquirieron las parcelas que, según ha remarcado, en gran parte correspondían a suelo ya urbanizable industrial.
Ha sostenido en este sentido que hubo “legalidad absoluta de la compraventa de ese suelo”.
Tras la exposición este lunes de los informes finales de la fiscal, la letrada de la Junta, personada como acusación particular, el PSOE, que ejerce la acción popular, y la primera de las defensas, está previsto que mañana continúe la presentación de los informes de más letrados de los encausados. EFE
