Valladolid (EFE).- El juicio del caso conocido como “Perla Negra” ha quedado este miércoles visto para sentencia tras 21 sesiones celebradas de forma alterna desde el pasado 26 de febrero, una causa en la que permanecen procesadas once personas, entre exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios.
En principio, fueron doce los encausados, aunque las acusaciones, en sus conclusiones definitivas, retiraron los cargos que habían atribuido al empresario Alberto Esgueva, exdirector de Internacionalización de la Agencia de Desarrollo ADE.
La vista se ha desarrollado por la supuesta comisión de irregularidades en la compra por parte de la Junta del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), inmueble conocido como Perla Negra, y la adquisición de terrenos del fallido parque empresarial de Portillo (Valladolid).
Decenas de testigos y peritos
Decenas de testigos y peritos han declarado en la Audiencia Provincial de Valladolid, por hechos ocurridos entre 2005 y 2010, por los que todas las defensas reclaman la absolución.
El ministerio público – que establece un sobrecoste en la compra del inmueble de unos veinte millones de euros – considera que los hechos “fueron propiciados desde la cúpula” de la Consejería de Economía y Empleo, cuando era titular de la misma Tomás Villanueva, ya fallecido.
Para la acusación pública, el propósito fue “beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 S.L. y Parque Empresarial de Portillo S.L.) y a los particulares que las gestionaban”.
La Fiscalía reclama penas que oscilan entre once y cuatro años de prisión para los procesados y considera que se cometieron delitos continuados de prevaricación, revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias; malversación de caudales públicos y violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias.
La Junta, personada como acusación particular, demanda penas para ocho de los once encausados, que oscilan entre once años y cinco meses la más elevada, para el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, y nueve meses para cinco de los empresarios procesados.
El PSOE, que ejerce la acción popular, reclama penas de entre 13 y 4 años de prisión y acusa por delitos continuado de revelación de secretos en concurso con tráfico de influencias; prevaricación y malversación de caudales públicos y ha retirado la petición de condena por delitos de fraude a la administración, cohecho y organización criminal.
Defensas: el exalcalde de Portillo, del PSOE, ideó el parque empresarial en la localidad
– Las defensas de los empresarios procesados por el fallido parque industrial de Portillo (Valladolid), han situado este miércoles el germen de esa iniciativa en el que fuera alcalde de la localidad, el socialista Antonio Sevillano, que lo impulsó.
El abogado del empresario Francisco Esgueva -hermano del exculpado Alberto Esgueva- ha considerado este miércoles como hecho probado que el alcalde de Portillo entre 2003 y 2011 fue “no sólo quien ideó la implantación del polígono, sino que fue quien lo impulsó desde el minuto uno”.
Fue el propio regidor quien facilitó a través del Ayuntamiento datos de los propietarios de suelo para que se pudieran adquirir con el fin de crear el polígono, ha sostenido el letrado.
Absurdo, incoherente e injustificado sostener una confabulación
El defensor ha alegado la prescripción de los delitos que se atribuyen al encausado y ha subrayado la “pena de telediario” que ha sufrido el procesado, con daño personal, familiar y económico.
La “confabulación” que sostienen las acusaciones que supuso comprar suelo en 2005 porque se lo va a comprar ADE Parques seis años después es algo “absurdo, incoherente e injustificado”, ha remarcado el letrado.
Ha insistido en que el impulso del polígono industrial correspondió al que fuera alcalde de Portillo, del PSOE, y con nula influencia de la Junta.
Humo sobre hipótesis inciertas
El defensor de Luis Antonio Recio, otro de los procesados, ha descrito como “humo” lo que sostienen las acusaciones “sobre unas hipótesis inciertas” y ha considerado que ese humo se ha despejado con lo manifestado por los testigos y peritos que han comparecido en la vista oral.
Ha argumentado que el parque empresarial se vendió a ADE Parques, que manejaba fondos privados, no públicos, a precio de mercado; la iniciativa última para su puesta en marcha la tuvo el entonces alcalde de Portillo, y su defendido no tuvo un beneficio económico, ya que compró y vendió terrenos por lo mismo.
Fue el entonces regidor de Portillo el que entendió la necesidad que le trasladaban sus convecinos sobre la posibilidad de instalar un polígono industrial en la localidad, ha mantenido tras recordar la declaración el alcalde como testigo en la vista.
No hubo información secreta, ni funcionario publico que se la contara a nadie, ni aprovechamiento, ha resumido el defensor.
El letrado de Miguel Ángel Rodríguez, de Parque Empresarial Portillo, ha asegurado que no se ha presentado prueba de cargo alguna durante el juicio y también ha asentado parte de su intervención en el exregidor de Portillo.
Ha recordado la comparecencia del exalcalde en la vista en calidad de testigo y ha subrayado que perseguía el establecimiento de empresas generadoras de riqueza para la localidad.
El abogado ha señalado además que el entonces regidor de Portillo en ningún momento entró en contacto con organismo o persona que trabajara en la Junta en relación con este proyecto que nació a iniciativa del Ayuntamiento pero que fue de carácter particular.
Donde no hay mata, no hay patata
El defensor de Carlos González Maestro, de Parque Empresarial de Portillo, ha recalcado la inocencia del procesado y ha dicho que su tarea se centró en conseguir la inscripción del Plan Parcial en el registro correspondiente.
Ha manifestado que su labor vinculada con Parque Empresarial de Portillo no fue como empresario, tuvo que ver con su experiencia como economista y asesor fiscal.
Ha expresado que las acusaciones sostenían que el nexo de unión entre administración y empresas era Alberto Esgueva, sobre el que se retiraron los cargos atribuidos inicialmente, pero después no han aclarado cual podía ser el enlace por la razón de que “no lo hay”.
El letrado ha expuesto que, cuando el procesado le preguntó ayer cómo veía el juicio, le respondió que como el primer día de la vista oral, que no hay causa, “donde no hay mata, no hay patata”.
El exviceconsejero Rafael Delgado: volvería a actuar igual, no cometí delito
El exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León Rafael Delgado, ha asegurado este miércoles que volvería a actuar igual y ha sostenido que no es consciente de haber cometido ninguna actuación delictiva.
Delgado ha hecho estas manifestaciones cuando el presidente del tribunal de la Audiencia de Valladolid que juzga el caso ha concedido la ultima palabra a los once procesados, antes de que el juicio quedara visto para sentencia poco antes de las 14.00 horas.
El exviceconsejero ha recalcado que actuó en virtud de las competencias que tenía atribuidas y con la debida obediencia a quien estaba por encima jerárquicamente, bajo la dirección y mandato de quien fuera consejero en el momento de los hechos -Tomás Villanueva, ya fallecido-.
Ha aclarado que, una vez escuchado y habiendo tomado nota del transcurso del juicio, “volvería a actuar exactamente igual” que la forma en la que lo hizo en los hechos que se están enjuiciando.
“Yo no soy consciente de haber cometido ningún tipo de actuación delictiva, ni de haber revelado ningún secreto, ni haberme concertado con nadie, ni de haber causado ningún perjuicio a la administración pública”, ha remarcado.
Ha argumentado que la Junta venía gastándose tres millones de euros en alquileres por parte de las entidades que se trasladaron al edificio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) -el inmueble conocido como Perla Negra-, a los que habría que sumar los pagos de luz, teléfono, limpieza, seguridad, entre otros conceptos -los distintos organismos se agruparon en esa sola sede-.
Posteriormente se produjeron unas reducciones de los precios de alquiler muy importantes, ya que la Junta de Castilla y León se hizo con la propiedad de un edificio.
Por tanto “no creo haber causado, en la medida en que yo haya participado o podido participar en ese proceso, ningún perjuicio a la administración pública”, ha resumido.
En relación con el parque empresarial de Portillo, ha manifestado que sus actuaciones solamente fueron las de acompañar la firma de las actuaciones previamente negociadas, acordadas y “por supuesto conocidas y autorizadas por mis superiores jerárquicos, y que tampoco entiendo que haya causado ningún perjuicio a la administración pública, puesto que tampoco se utilizaron fondos públicos para la misma”.
