Valladolid (EFE).- Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles la reforma de la Ley autonómica de Publicidad Institucional con los votos favorables del PSOE, Vox, Unidas Podemos y del exvicepresidente de la Junta y actual procurador, Francisco Igea -que suman 41 votos-, la abstención de UPL-Soria Ya -6 votos-, y los votos contrarios del PP, Por Ávila y los dos procuradores no adscritos -ex de Vox-, que han sumado 34 votos.
La aprobación de esta ley implica algo que no ocurría en Castilla y León desde hace casi cuatro décadas, como es que una norma sea aprobada en el Parlamento autonómico contra el criterio del PP, por lo que el proponente de esta reforma, el procurador de Undas Podemos, Pablo Fernández, ha defendido en la exposición inicial que se trata de un «día histórico» por «acabar con más de tres décadas de control» de medios de comunicación, lo que ha vinculado con los triunfos electorales del PP.
El acuerdo «de mínimos» alcanzado por formaciones tan alejadas ideológicamente como PSOE, Vox y Podemos se ha basado en la necesidad de limitar los efectos que en su opinión tiene sobre los medios de comunicación la contratación de publicidad institucional por parte de la Junta, mientras que el PP ha defendido que esta reforma va a significar el cierre de algunos medios.
Los cambios de la nueva ley de publicidad institucional
Entre otros cambios, esta reforma implica cambios en la relación de la televisión privada Castilla y León Televisión con la Junta de Castilla y León, al crear un nuevo órgano de evaluación de la financiación (aprobados 24,5 millones para 2025 y 23,5 para 2026) vinculado al control de las Cortes y obligar a convocar en tres meses un nuevo concurso, lo que cuestiona el destino de esas aportaciones.
Otro de los puntos clave de esta reforma es la limitación de contratar publicidad institucional por un importe máximo equivalente al 33% de la facturación de cada medio de comunicación, lo que ha generado el rechazo de algunas empresas que creen que les aboca al cierre, por lo que los grupos proponentes han anunciado que matizarán esa medida con otra proposición de ley para concretar que esa limitación únicamente afectará a los contratos de la Junta y no a los de otras instituciones y fundaciones públicas.
También hay avances en lo que fue la idea inicial de esta proposición de ley, al impedir la contratación de publicidad institucional con medios de comunicación que hayan sido condenados de forma reiterada (dos condenas en los últimos tres años) a rectificar informaciones por vulnerar derechos como al honor, la intimidad o la propia imagen, o haber incurrido en delitos de odio.
Debate con reproches y avisos
El debate de los grupos parlamentarios ha estado marcado por los reproches, con un PP en minoría y sus portavoces hablando de que esta reforma va a significar el cierre de medios y el despido de periodistas, además de la aplicación de la «censura», a la vez que han negado que en la actualidad exista control por parte de la Junta.
«La Junta no presiona ni ha presionado a nadie nunca», ha asegurado el procurador del PP Miguel Ángel García Nieto, convencido de que «en Castilla y León la prensa es libre», mientras que con esta reforma la nueva «unión voxcialista» pretende «amordazar e intimidar» a los medios por «odio al PP».
El PP da por hecho que habrá recursos contra esta ley autonómica y ha adelantado que tendrán «muchas papeletas» de prosperar, al entender García Nieto que esta modificación vulnera entre otras la Ley de Contratos estatal.
Esta posición del PP ha sido cuestionada por el resto de intervinientes en el debate, como Pablo Fernández (Podemos), quien ha denunciado el «rostro pétreo» y las «presiones mafiosas» del PP para intentar que esta ley no fuera finalmente aprobada, por lo que ha celebrado que «se les acaba el chollo».
Fernández se ha despedido de las Cortes tras diez años de parlamentario y con «la conciencia muy tranquila y orgullo» por que una iniciativa suya vaya a servir para «poner fin a décadas de control y dominio» del PP en los medios de comunicación.
La socialista Nuria Rubio ha reprochado al PP su rechazo a la enmienda transaccional que hubiera permitido matizar en este mismo día que la limitación del 33% se refería únicamente a la contratación de publicidad institucional por parte de la Junta y ha acusado a los populares de preferir el modelo actual para «manejar los fondos a su antojo» para aplicar el esquema de «propaganda y castigo».
Vox habla de mafia
En el caso de Vox, ha intervenido el procurador Miguel Suárez Arca, convencido de que esta aprobación es «una victoria del modelo democrático» por la capacidad de negociación y transacción demostrada por todos los grupos, capaces de «bajarse del burro» y pactar, excepto aquellos que «se creen el ombligo del mundo», en referencia al PP.
Suárez Arca ha defendido entre las «bondades» de esta modificación que el control de la televisión pasa del Ejecutivo al Legislativo, lo que ha entendido que no guste a los «terratenientes que llevan 37 años acostumbrados a hacer lo que les da la gana»: «Esta ley no pretende controlar a los medios, pretende controlar a la Junta. Son una banda de mafiosos», ha zanjado.
Por último, el exvicepresidente de la Junta y actual procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha denunciado como ejemplo del control político de algunos medios de comunicación que el despido del anterior director de Castilla y León Televisión se llevó a cabo por orden del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para lo que ha desvelado el contenido de algunos mensajes intercambiados con su sucesor al frente de es medio.
«Hay que tener mucha cara para venir aquí a hablar de libertad de prensa, ustedes, con lo que algunos hemos vivido y vivimos en esta Comunidad», ha reprochado Igea, crítico con quienes «cogen el teléfono para cambiar titulares a golpe de presión».
Las abstenciones
El portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, ha defendido la necesidad de modificar esta ley para ganar en transparencia y asegurar la libertad de los medios de comunicación en toda España, pero ha justificado la abstención de su formación -al igual que la de Soria Ya- por entender que los proponentes asumen que la norma que hoy se aprueba necesita un «pequeño retoque».
Se ha referido a la intención de los grupos proponentes de modificar en septiembre con otra proposición de ley el apartado en el que se refieren a la limitación del 33 por ciento, que por lo transmitido por algunos pequeños medios de comunicación puede suponer su cierre.
Al contrario de lo denunciado por el PSOE, Vox y Podemos, la UPL ha negado haber recibido presiones y llamadas para cambiar el sentido de su voto en este tema, mientras que Santos sí ha reconocido que fue él quien llamó a los medios para interesarse por las consecuencias que podía tener esta norma para su futuro.EFE
