Valladolid (EFE).- La Junta de Castilla y León ha anunciado este jueves que prevé tramitar la «renovación automática» de la licencia a la que cree que tienen derecho los propietarios de la cadena privada Radio Televisión Castilla y León, que ya la han solicitado, y además convocará otro concurso público para cubrir la otra licencia de que dispone la Comunidad, en «igualdad».
Este nuevo concurso serviría, según el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), para dar cumplimiento a la recién reformada Ley de Publicidad Institucional, que ayer aprobaron las Cortes de Castilla y León con los votos de PSOE, Vox, Unidas Podemos y el exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, contra el criterio del PP.
Esas referencias a la convocatoria del concurso en «condiciones de igualdad» implican que la Junta asume que las empresas que puedan concurrir gozarían de las mismas o similares aportaciones económicas que las planteadas actualmente para la otra licencia, con hasta 24,5 millones para el presente 2025 y 23,5 millones para 2026.
Se trata de una hipótesis, porque este proceso quedaría pendiente de una consulta al Ministerio de Función Pública y Transformación Digital para comprobar si está libre el espacio radioeléctrico con el que cuenta la Junta y, a partir de ahí, ver si hay empresas interesas en esa licencia.
Carriedo ha asumido que, en caso de que finalmente funcionaran y contaran con esas condiciones de igualdad, la aportación pública sería el doble a la actual, por lo que, con esa proyección, la aportación pública a dos televisiones privadas se acercaría, por ejemplo, al presupuesto anual actual de la pública Radio Televisión Castilla-La Mancha (66 millones).
Sobre la renovación automática de la licencia que prevé la Ley de Comunicación Audiovisual estatal a los quince años, lo que se cumple en septiembre, según el cálculo de Carriedo, la Junta ha dado por hecho que los actuales propietarios cumplen con las tres condiciones que marca la norma y ha informado de que ya han solicitado esa renovación.
La Junta pedirá un informe al Consejo Consultivo
El portavoz de la Junta ha comenzado por asumir que la nueva Ley de Publicidad Institucional «es de obligado cumplimiento» desde el momento en que se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León, aunque ha subrayado que sabe de los «perjuicios» que va a causar, como la limitación de contratos cuando se llegue a una aportación pública equivalente el 33 por ciento de la facturación de cada medio de comunicación.
«Hasta los propios autores de la ley, PSOE y Vox, son conscientes del perjuicio», ha afirmado Carriedo, quien ha retado a estos partidos junto a Podemos, que la impulsó, a aprobar «la misma ley a nivel nacional si es tan buena».
Ante las dudas jurídicas y «lagunas» que observa la Junta de Castilla y León, con «cierta colisión» con la Ley estatal de Contratos del Sector Público, Carriedo ha anunciado que pedirán informe al Consejo Consultivo sobre la forma de aplicar esta nueva normativa, a la vez que han dejado la puerta abierta a que algún perjudicado pueda recurrirla ante la Justicia.
Preguntado por si la Junta va a paralizar preventivamente las aportaciones vinculadas a la publicidad institucional para no sobrepasar ese 33% que establece la Ley, Carriedo ha sentenciado que en el momento en que se publique se cumplirá «con todas sus consecuencias».
Publicación del acuerdo de la subvención de RTVCyL
Carriedo también ha respondido sobre las dudas existentes acerca de los motivos de la Junta para no publicar aún en el Bocyl el acuerdo del pasado jueves sobre las aportaciones a RTVCyL para 2025 y 2026, que han sido denunciadas ante la Fiscalía por el exvicepresidente de la Junta Francisco Igea.
Al respecto, el portavoz ha restado importancia a esa circunstancia: «Estamos en plazo para su publicación, no sé muy bien cuál es el motivo concreto». EFE
