Valladolid (EFE).- La Junta de Castilla y León ha solicitado un dictamen al Consejo Consultivo sobre las dudas y la «falta de claridad» que plantea para el Ejecutivo autonómico la nueva Ley de Publicidad Institucional aprobada recientemente en las Cortes por PSOE, Vox, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea y el voto contrario del PP.
Según ha informado la Junta este lunes en un comunicado, ha solicitado este dictamen, que es facultativo y no preceptivo, para «garantizar su correcta aplicación ante su falta de claridad normativa y sus posibles contradicciones con leyes estatales superiores».
Sin embargo, en lo que el Consultivo emite este dictamen, para lo que tiene un plazo prorrogable de 20 días, el Ejecutivo autonómico tendrá que cumplir esta ley que, entre otras medidas, establece la limitación de contratar publicidad institucional por un importe máximo equivalente al 33 % de la facturación de cada medio de comunicación o impide la contratación con medios que hayan sido condenados de forma reiterada a rectificar informaciones por vulnerar derechos como al honor, intimidad o haber incurrido en delitos de odio.
Es esta una norma que, para la Junta, su «deficiente redacción y falta de coherencia generan serias dificultades prácticas y jurídicas de desarrollo y aplicación, afectando directamente a la gestión de recursos públicos, a la libertad de información, y al equilibrio territorial en la difusión de campañas de interés general».
24 preguntas para el Consultivo
La solicitud remitida al Consejo Consultivo de Castilla y León plantea un conjunto de cuestiones jurídicas derivadas de la reciente reforma de la Ley de Publicidad Institucional, materializadas en hasta 24 preguntas.
Entre ellas, la Junta ha indicado que ha identificado una «posible colisión» entre el nuevo texto legal autonómico y la Ley de Contratos del Sector Público en aspectos como la libre concurrencia, la igualdad de trato entre licitadores, o la prohibición expresa, por parte de dicha ley, del uso de criterios de arraigo territorial.
Sobre el límite del 33 por ciento, la Junta considera que esta medida podría tener un «efecto discriminatorio, al restringir el acceso de medios de menor tamaño o de implantación local a las campañas institucionales», lo que «comprometería» el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la contratación pública.
Sobre las prohibiciones para contratar con determinados medios de comunicación, la Junta entiende que «podrían exceder el marco establecido por la legislación básica estatal» y que plantea, según el Ejecutivo autonómico «interrogantes sobre su encaje constitucional» sobre derechos fundamentales, como la libertad de información y el derecho al honor.
Licitación de la licencia de televisión
Sobre la licitación en un plazo de tres meses de la licencia de televisión en la Comunidad, que ahora posee RTVCyL y a la que se le ha renovado por otros 15 años justo después de aprobarse esta ley, la Junta ha sostenido que «únicamente existe una autorización administrativa de ocupación del espectro radioeléctrico otorgada a una empresa privada».
«Esta previsión legislativa plantea dudas tanto sobre su viabilidad técnica y jurídica como sobre los instrumentos que permitirían llevarla a cabo con garantías legales, especialmente en lo relativo a la subrogación de trabajadores y a la articulación del procedimiento administrativo correspondiente», ha argumentado la Junta, cuya intención es licitar una nueva licencia para una segunda TV autonómica en el caso de contar con suficiente espacio radioeléctrico libre.
Finalmente, sobre la creación del nuevo Consejo de Evaluación y Seguimiento de la TDT que establece la ley, la norma le atribuye, como ha remarcado la Junta, funciones presupuestarias y de gestión «propias de una televisión pública autonómica, que en la actualidad no existe en la Comunidad de Castilla y León».
Esta circunstancia «suscita interrogantes sobre la naturaleza jurídica de este órgano, sus competencias reales, y su encaje dentro del marco institucional y presupuestario de la Comunidad», ya que «la existencia de un órgano así, sin una televisión pública a la que aplicar sus funciones, plantea dificultades muy importantes de aplicación», ha expuesto el Ejecutivo autonómico.
En este sentido, han planteado la duda de que se llega a «atribuir funciones de nombramiento y promoción del cese del personal directivo de la empresa cuando la financiación pública supere el 50 % del importe neto de su cifra de negocios». EFE
