Valladolid, (EFE).- La mayor parte de las defensas del juicio del conocido como «trama eólica», que se desarrolla por supuesta corrupción, han alegado nulidad de actuaciones, en parte por la doctrina del fruto del árbol envenenado, y en general han pedido la prescripción de los hechos.
La vista oral, en la que se juzga a catorce personas entre exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios -otro procesado más ha sido excluido de la causa al retirar las acusaciones los cargos contra él-, se centra en determinar si existieron actuaciones corruptas en los procesos de adjudicación de parques eólicos en esta Comunidad autónoma.
Entre los argumentos de las defensas expuestos al tribunal de la Audiencia Provincial de Valladolid se encuentra que la querella fue interpuesta por la Fiscalía en abril de 2017 y los expedientes administrativos del caso se tramitaron entre 2004 y 2007.
También han manifestado que el origen del caso se debió a un informe del servicio territorial de la Agencia Tributaria de Valladolid iniciado en diciembre de 2012 o antes y que, durante la tramitación de ese estudio tributario, no existió conocimiento por parte de los interesados.
No fue hasta su publicación en prensa cuando los afectados conocieron el informe, ha sostenido uno de los letrados, que ha recalcado que «existe una relación directa, envenenada», entre el informe tributario y el posterior desarrollo de la investigación.
«No se puede investigar de espaldas al sujeto pasivo», ha expresado uno de los letrados de la defensa, que se ha apoyado en que uno de los encausados estuvo dos años sin tener conocimiento de esta situación.
Los abogados también han pedido al tribunal la dispensa para que algunos de los acusados acudan solo a distintas sesiones de la vista oral, por cuestione de trabajo o familiares, y en algún caso han solicitado que tenga en cuenta la posibilidad de asistir por videconferencia.
Exclusión de la causa de un procesado
En la primera jornada del juicio celebrada en sesiones de mañana y tarde, en el trámite de cuestiones previas, los acusadores particulares que dirigían sus escritos contra el empresario Carlos Galdón han retirado las acusaciones, aunque sí han solicitado su comparecencia en la Sala como testigo, a lo que ha accedido el tribunal.
Ante esta situación, el abogado de Galdón ha reclamado el sobreseimiento libre de la causa respecto a su representado y por tanto que no declare como acusado.
El magistrado presidente de la Sala ha decidido excluir al encausado por aplicación directa del principio acusatorio, ya no le acusa ninguna de las partes personadas -la Fiscalía y la Abogacía del Estado no habían presentado cargos contra él -.
En 2021, durante la comisión de investigación sobre el caso que se llevó a cabo en las Cortes de Castilla y León, Galdón proclamó su inocencia y se acogió a su derecho a no declarar, ya que se encontraba entonces investigado en la causa, seguida por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Valladolid.
En el juicio, además del fiscal y la abogacía del Estado, figuran cinco acusaciones particulares y una acción popular, ejercida por Ecologistas en Acción, y catorce letrados defensores, junto a los representantes de los responsables civiles subsidiarios.
Las acusaciones contra los encausados se centran en un supuesto caso de corrupción con un sistema establecido para retirar a los servicios territoriales de Industria la capacidad de autorizar parques eólicos y concentrar la decisión en la Viceconsejería, de la que se ocupaba en el momento de los hechos uno de los procesados, Rafael Delgado.
La forma de actuar al parecer consistía en obligar a que en cada proyecto figurara una empresa radicada en Castilla y León elegida por la Consejería, unas compañías que adquirían participaciones a bajo coste que, una vez conseguida la autorización, revendían a los verdaderos promotores con beneficios, según fuentes jurídicas.
La segunda sesión del juicio, mañana martes, se desarrollará con la respuesta de las acusaciones públicas, particulares y popular a las cuestiones previas de las defensas. EFE
