Valladolid (EFE).- El TSJCyL ha condenado a dos años de prisión a un joven, Alejandro B.H., por un delito de administración desleal, cometido al gestionar dinero de inversores de criptomonedas, y al pago de sendas indemnizaciones de 3.618,74 euros, 10.000 euros, y 4.080,78 libras esterlinas a los denunciantes.
El TSJCyL ha estimado así parcialmente el recurso planteado por la acusación particular contra la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid, según la resolución judicial a la que ha tenido acceso EFE.
La sentencia explica que el acusado recibió unos fondos de los denunciantes con el compromiso de invertirlos en un producto que ofrecía unos importantes rendimientos.
Pero, cuando tales rendimientos no se produjeron, sino que se generaron pérdidas, canceló la inversión devolviendo los fondos a una cuenta suya y, a continuación, realizó con ellos, sin consentimiento ni conocimiento de los denunciantes, una inversión en otro servicio, creyendo que el precio iba a subir, lo que no ocurrió.
Desaparición de los fondos
Se produjo una bajada de precio, perdiendo la totalidad de los fondos invertidos o, al menos, desapareciendo éstos últimos con grave perjuicio económico para los denunciantes.
El tribunal establece que se reúnen así todos los requisitos del delito de gestión o administración desleal del artículo 252 del Código Penal, que cabe atribuir al acusado sin que sea preciso que concurra un enriquecimiento personal por su parte, un elemento que se desconoce si se ha producido o no.
Durante el juicio desarrollado en la Audiencia de Valladolid, el procesado negó haberse quedado con el dinero en su beneficio y argumentó que se produjo un hackeo y el mercado se desplomó.
Alejandro B.H. rechazó haberse enriquecido con dinero ajeno y aseguró que perdió el de los inversores y el suyo cuando el bitcoin se desplomó.
«Intenté hacer alguna operación pero no pude recuperar nada», expuso entonces el acusado.
Los tres denunciantes comparecieron como testigos en la vista oral y explicaron que conocieron al encausado a través de un grupo de Whatsapp en el que había más inversores y desde el que el acusado les planteó invertir en moneda estable sin ningún riesgo y con una rentabilidad mensual calculada entre el 10 y el 15 por ciento.
Detallaron que sí convinieron con el procesado llevar a cabo esas operaciones, sin firmar ningún contrato porque confiaban en él, y uno de los testigos dijo que fue el propio acusado quien le informó de que habían hackeado la plataforma en la que había puesto el dinero, que se había «esfumado».
Entre otros argumentos para absolver al acusado, la resolución judicial de la Audiencia ahora revocada parcialmente consideró que los perjudicados sabían las condiciones en las que asumían el riesgo de poner su dinero en manos del procesado para que él lo invirtiera y sabían de los riesgos que la inversión tenía. EFE
