Valladolid (EFE).- La undécima legislatura de las Cortes de Castilla y León ha concluido este miércoles con la aprobación por unanimidad de todos los grupos de la Ley de Medidas Extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de plazas sanitarias de difícil cobertura, especialmente en el medio rural, entre reconocimientos mutuos por el esfuerzo de consenso de todos los portavoces intervinientes.
Tras dos sesiones de encendidos debates, con reproches vinculados al ambiente preelectoral, aunque apaciguados por las emotivas despedidas que se han plasmado en la sesión, los representantes de PP, PSOE, Vox, Soria Ya, UPL y los integrantes del Grupo Mixto -Unidas Podemos, Por Ávila y Francisco Igea- han valorado el hecho de ponerse de acuerdo en un tema importante para la Comunidad como es la dotación de personal sanitario en zonas donde no es fácil.

En el origen de esta norma está la proposición de ley que registraron PP y Vox justo antes de romper su gobierno de coalición, a mediados de 2024, y que finalmente ha sido tramitada en un ambiente de consenso en la fase de ponencia, lo que han reconocido los portavoces de ambos partidos en este último debate, José María Sánchez (PP) y Rebeca Arroyo (Vox).
El problema de la cobertura de este tipo de plazas «no admite demoras», ha expresado Sánchez, convencido de que estos cambios fomentan la «cohesión, igualdad y dignidad» para los ciudadanos de esta Comunidad.
En el caso de Arroyo, ha aprovechado este debate para rebatir el argumento del PP sobre que Vox y PSOE mantienen una «pinza»: «No existe», ha resumido al plantear que en el caso de propuestas importantes para los ciudadanos es necesaria la «voluntad de negociar», que ha reconocido como «inimaginable» pero conseguida en este caso.
La «enmienda romántica» y los «desiertos médicos»
Al pleno han llegado vivas varias de las enmiendas que no fueron incluidas en la redacción final surgida del consenso en la ponencia, aunque no ha habido variación sustancial.
Tampoco en el caso de la «enmienda romántica» promovida por el procurador de Por Ávila Pedro Pascual, médico de emergencias que ha defendido que Sacyl prime a la hora de acceder a este tipo de puestos a parejas que opten a trabajar en el mismo municipio, a lo que se ha negado el PP por cuestiones de igualdad en el acceso a los puestos de empleo público.
Más allá de las enmiendas, algunos grupos parlamentarios han aludido también a la ausencia de un pacto general por la sanidad y el haber esperado al último pleno para aprobar una norma básica como esta, entre críticas a la Junta por su ausencia en la organización de los recursos humanos de que dispone, en palabras de la procuradora de UPL, Alicia Gallego, quien ha denunciado que en el caso de sus enmiendas no ha habido consenso.
En el caso del Grupo Socialista, el procurador Jesús Puente, cuyas enmiendas fueron pactadas en la fase de ponencia, ha usado un turno de explicación de voto, en el que ha valorado el consenso alcanzado y ha reclamado afrontar el «reto» de acabar con los «desiertos médicos» con el desarrollo reglamentario al que ha urgido, ya que ve «demasiado tiempo» el plazo de dos años dado por la propia ley.
Las medidas concretas
Entre los cambios que introduce esta norma destacan un conjunto de incentivos para que los profesionales puedan ocupar determinadas plazas, tanto de carácter retributivo como en forma de puntuación para posteriores concursos de traslados.
La norma hace referencia a los incentivos económicos ya recogidos en el decreto ley de febrero del 2019, de 6.000 euros anuales para los médicos, 1.300 para las enfermeras y 300 para resto de profesionales, aunque los grupos parlamentarios han defendido la necesidad de actualizar estas cuantías por el efecto de la inflación.
Además, la norma establece que los médicos puedan realizar de forma voluntaria guardias en un centro de salud diferentes al suyo, con un complemento salarial que irá desde los 51,7 euros entre semana; 57,6 euros los fines de semana y los 74,1 euros los festivos.
Como medida de conciliación, se plantea que se podrán distribuir la jornada semanal ordinaria del personal que ocupe puestos de difícil cobertura en horario de mañana y tarde para concentrar la jornada semanal en cuatro días, de lunes a viernes, no festivos, respetando los periodos mínimos de descanso diario y semanal. EFE